La interinidad del Gobierno ralentiza los trámites para demoler El Algarrobico

Desde la asociación lamentan que cuando el Gobierno del PP ha querido ha salvado la traba de la interinidad, recordando cómo el pasado mes de enero, y a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por delegación de la ministra en funciones Isabel García Tejerina -las direcciones generales no están en funciones pero la ministra, sí-, se autorizó prorrogar la concesión de la papelera Ence en Pontevedra, una decisión que contaba con el aval de la propia Xunta de Galicia. Una decisión más controvertida dado el rechazo de la oposición y diversos colectivos sociales y civiles de la zona.

Sin embargo, ahora todas las instituciones están de acuerdo en demoler la primera parte de un proyecto -se habían previsto otros dos hoteles- que se ha convertido en el símbolo de la destrucción de la costa al calor de la burbuja inmobiliaria. «Hay muchos Algarrobicos en la costa española», reprocha Marcos, «y solo se los ha conseguido parar mediante acción judicial». Las diferentes administraciones los toleraban o, si hacia falta, miraban para otro lado, porque suponían pingues beneficios y la creación de empleo en la zona.

En el caso del hotel de Carboneras, las obras se iniciaron en el año 2003. Pese a que desde 1988 estaba en vigor la Ley de Costas que establecía la prohibición de construir en los primeros 100 metros de la orilla -la zona de servidumbre de protección-, el ayuntamiento aprobó ese mismo año un plan parcial que permitía la urbanización del terreno. Ya en 2003 concedería la licencia de obras al hotel atendiendo a ese planeamiento, e incluso para darle facilidades promovió una exención del 99% del coste de la licencia de obra, de la que de rebote se beneficiaron otros proyectos.

Las obras quedaron paralizadas en 2006 gracias a la insistencia de las asociaciones conservacionistas, y se inició entonces un tortuoso camino en los tribunales con los ecologistas a un lado y promotora y ayuntamiento por otro. Numerosas sentencias, incluidas las del Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA) fueron dando la razón a los primeros, pero en 2014, una sala diferente del TSJA desanda al camino y determina que el suelo es urbanizable y la licencia de obras correcta.

El embrollo judicial quedó resuelto el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Supremo resolvió que el suelo donde se levanta el hotel era espacio protegido y, por tanto, no se podía construir en él. A partir de ese momento, el resto de fallos judiciales y recursos cruzados se han sido resolviendo en cascada y siempre a favor de la ilegalidad del hotel.

 La decisión del Supremo ha marcado el punto de inflexión, y ha provocado la creación de una comisión bilateral Junta de Andalucía-Gobierno central para acordar los términos en los que se tiene que actuar para devolver la playa de El Algarrobico a su estado natural. Tanto el ejecutivo andaluz como Greenpeace parecen haber aunado posturas y proponen un plan que incluya la dinamización económica de la zona, «que partirá desde los propios trabajos de demolición y restauración y que se completará con fórmulas duraderas que proporciones empleo y generen riqueza». En este sentido, desde Greenpeace abogan por una retirada selectiva de escombros, dado que «la estructura del inmueble está destrozada por los robos y falta mucho material». Su propuesta crearía 400 empleos.

Desde el ejecutivo andaluz recuerdan que cualquier actuación tendente al derribo tiene que estar «coordinada con pronunciamientos previos y en virtud de lo que aún está sub iúdice», de manera que «se pueda llegar a la demolición con la seguridad de que no hay un solo trámite pendiente». En este sentido, los ecologistas estiman que una vez conocida la postura del Supremo, si hay alguna sorpresa judicial iría relacionada con la posible indemnización por daños y perjuicios que reclama la promotora del hotel, Azata del Sol, cifrada en 70 millones de euros. Así, la Junta de Andalucía confirma que en estos momentos se sigue analizando el informe jurídico elaborado en 2011 por la empresa pública Tracsa que cifraba la demolición y la restauración en 7,1 millones de euros, y que será ya en septiembre cuando esta cifra se actualice y empiece a concretarse el Plan de Actuación que se llevará a cabo. Siempre que, claro está, haya gobierno.