La única torre del Castillo de Overa en peligro de caer si sigue el abandono

De este importante 'resto' de la historia de la zona solo queda una torre, pero, si se continúa como hasta ahora, haciendo caso omiso a las peticiones de los ciudadanos que aman su patrimonio, a lo mejor, más pronto que tarde, ya no queda nada. Eso sin contar con que el expolio deje algo que estudiar del importante conjunto que representa todo el alrededor y al que «habría que someter a una rigurosa excavación arqueológica, ya que sin esta información el proyecto de restauración generaría resultados inadecuados», según apuntó el arquitecto Sergio Juan Díaz Parra.

Todo ello viene a confirmar cuánta razón llevan teniendo los vecinos de la Overa, agrupados en Overa Viva, en cuanto a su lucha desde hace más de cinco años para que se tome en cuenta la necesidad de cuidar, conservar y rehabilitar esta parte de la historia y del patrimonio de todos.

«Para los integrantes de Overa Viva, es una enorme satisfacción que investigadores e historiadores de tal prestigio hagan manifiesto público de la importancia que tiene el Castillo de Overa y de la urgencia en conservar y restaurar esta joya de nuestro patrimonio histórico», apuntaron.

Las administraciones parece que todavía no han tomado conciencia y, por ello, ha tenido que tomar cartas en el asunto el Defensor del Pueblo Andaluz quien abrió de oficio una queja y resolvió hace poco más de un mes. Insta a Ayuntamiento y Junta a tomar las medidas que sean necesarias para evitar perder la torre que queda del Castillo de Overa, torre cuya base está muy erosionada, lo que puede suponer que cualquier movimiento sísmico u otro fenómeno terminen tirándola.

Tirón de orejas

Fue el pasado 23 de abril de 2015 cuando el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, acordó incoar queja de oficio (tras ver las informaciones en medios de comunicación) ante el Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería en relación con el estado de conservación del Castillo o Torre de Santa Bárbara.

Tras pedirles explicaciones sobre qué habían hecho hasta el momento para evitar perder un patrimonio histórico que además fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993, se llegó a la conclusión de que, efectivamente, no se han tomado todas las medidas posibles.

De hecho, el Consistorio anunció que vallaría la zona, pero eso no se llevado a término, y también aseguró el alcalde, Domingo Fernández, que realizarían los trámites para conseguir que fuera un bien público, algo que tampoco se ha hecho.

En concreto, el Ayuntamiento huercalense responde el 9 de junio al Defensor del Pueblo como sigue: «no se ha procedido a adoptar ninguna medida en orden a su rehabilitación, ni se ha procedido a a su vallado. Tras varias reuniones con la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería en 2013 y 2014, sobre vallado y puesta en valor del Castillo de Santa Bárbara y ante la imposibilidad de contactar con los propietarios catastrales de dichos terrenos y la insuficiencia presupuestaria del Ayuntamiento para acometer dicha actuación, por parte de esta Corporación se desistió de realizar ninguna actuación. No obstante, cuando la situación económica del Ayuntamiento, así lo aconseje, se podrán retomar las acciones previstas».

Un mes antes, el 4 de mayo, la delegación de Cultura, había también respondido al Defensor, asegurando, entre otras cosas, que tras varios contactos con el Ayuntamiento, y tras informarle sobre el grave deterioro de la Torre de Santa Bárbara, «se ofreció asesoramiento técnico tanto para vallar la zona como para redactar un proyecto de consolidación». Según la delegación, el alcalde les dijo que se pondría en contacto con los propietarios para conseguir que fuera terreno municipal, también se visitó el lugar para poner estacas donde se pondría el vallado, sin embargo, desde febrero de 2015, «hasta el día de la fecha, se ha presentado aún ningún proyecto de vallado ni de consolidación de los restos del castillo. Tampoco tenemos constancia de las posibles negociaciones entre Ayuntamiento y propietarios», afirma.

Ante todo ello, Maeztu resuelve que se «identifiquen las titularidades del inmueble, a fin de dirigir las actuaciones en orden al cumplimiento de sus obligaciones de cuidado y mantenimiento», y que «caso de no resultar viable las acciones que conminan al cumplimiento de tales obligaciones, se proceda a la ejecución subsidiaria de las medidas de conservación estimadas, recabando las ayudas y apoyos que la legislación establece para fomentar este tipo de medidas. En último término, como establece la Ley, en su caso, se evalúe la expropiación del bien».