Piden la declaración de concurso culpable para los responsables de Key Mare

También se pide esta declaración para el máximo responsable de la gestión y dirección del grupo al hallar «irregularidades contables de relevancia» y considerar que «incumplió el deber» de solicitar el concurso desde que «conoció o debió conocer» su situación de insolvencia, de modo que dos años antes de acogerse a este proceso salieron «numerosos bienes y derecho de patrimonio» de forma «fraudulenta».

El administrador del concurso solicita para los acusados la inhabilitación para administrar los bienes ajenos así como para representar o administrar a cualquier persona durante un periodo de entre diez y ocho años, en el caso de los miembros del consejo de administración; una cuestión sobre la que el Juzgado de lo Mercantil deberá pronunciarse una vez se celebre la vista señalada para el 17 de febrero del próximo año, según confirmaron fuentes judiciales.

El informe de calificación solicita además para los miembros de consejo de administración el pago de 50% del déficit concursal que considera achacable a la actuación de los administradores y que fija en un mínimo de 12 millones de euros, lo que «representa algo menos de los gastos generales de mantenimiento de la actividad durante los dos años de retraso en la solicitud de concurso» de la empresa, que en 2012 ya arrastraba un pasivo corriente más de 76 millones de euros. Ante el pago del déficit, el informe de calificación considera que es el presidente de consejo de administración, G.S.G. (miembro del consejo de administración de Codeur actualmente), quien «debe responder por más deuda» al tener «más responsabilidad, dedicación y capacidad de decisión en los aspectos de gestión de la concursada», con lo que le reclama el pago del 30% de la mitad del déficit.

En cualquier caso, considera que el consejo de administración «no actuó como un diligente empresario» debido a su «desinterés», pese a que este alegó en su defensa que «no conocía la situación económica tan precaria de la empresa» ni sus deudas con la Agencia Tributaria, de casi seis millones de euros, entre otros aspectos. Sin embargo, desde el administración concursal se recalca el papel del «auténtico administrador de hecho» y «responsable del área económica» de la empresa, a quien identifica como P.R.M. e imputa «irregularidades relevantes en la contabilidad», la «salida fraudulenta de patrimonio» y el retraso en la presentación y auditoria de las cuentas anuales.