Ecologistas culpa a Desert Spring y Junta del problema de la tortuga

Según aseguró el colectivo conservacionista, «el primer trazado que se propuso para las vías del AVE discurría, con toda lógica, entre los dos espacios protegidos del municipio cuevano. En dicho recorrido muchas de las parcelas que ahora se quieren destinar a la reserva para la tortuga, hubieron sido afectadas y expropiadas. La razón de que ese trazado, que era el más lógico y menos costoso ambiental y económicamente, fuera finalmente rechazado, fue que afectaba a la urbanización y al campo de golf 'Desert Springs'».

Así, tras las alegaciones y recursos judiciales de los propietarios de dicha urbanización, ADIF decidió cambiar el trazado y hacerlo pasar por dentro de la zona protegida 'Sierra de los Altos de Almagro', Zona Especial de Conservación declarada por la Unión Europea. Ante esta invasión del hábitat de la Tortuga Mora, la Declaración de Impacto Ambiental estableció la necesidad de una compensación mediante la creación de una reserva para la especie, fuera de las zonas protegidas».

«En 2011 cuando se publicó la lista de terrenos que se iban a expropiar con este motivo se generó una polémica similar a la actual. El Ministerio de Fomento del momento, con José Blanco al frente, decidió abortar el proyecto y reelaborar la propuesta de expropiación. La propuesta actual, la tercera, si no fallan las cuentas, es posiblemente la peor de las presentadas y claramente mejorable, pero no debe olvidarse que gran parte de la situación actual, se debe a no haber hecho las cosas bien desde el principio, y a anteponer intereses privados de unos pocos a los de toda la sociedad y el Medio Ambiente», detallaron desde Ecologistas.

La asociación consideró que «la Junta de Andalucía, mediante las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, también es responsable en la polémica generada pues ha permitido que en los últimos años la superficie cultivada en la zona creciera a sabiendas de que estaba pendiente la decisión sobre las expropiaciones».

Aún así, Ecologistas pidió «a los organismos responsables que reconsideren la propuesta e intenten reducir el daño sobre propiedades inmobiliarias» y añadieron que «las personas propietarias de terrenos de cultivo existentes con anterioridad al proyecto de Alta Velocidad, deberían ser respetadas en la medida de lo posible. Las que hayan desarrollado los cultivos en los últimos años, podrán pedir responsabilidades patrimoniales a la Junta por haberles dado autorización».