Huércal-Overa pagará 300.000 euros por una parcela valorada en 10.000, según Ciudadanos

El Ayuntamiento de Huércal-Overa inició recientemente el trámite para comprar a un particular una parcela de 1.800 metros cuadrados en la pedanía de San Francisco, por la cantidad de 300.000 euros, cuando con una «tasación independiente» no estaría valorado en más de 10.000, según apuntaron fuentes del grupo Ciudadanos en la localidad a IDEAL.

En concreto se trata de un terreno junto al colegio Profesor Tierno Galván que, según apuntó el Ayuntamiento en el plenaria en el que Cs le pidió explicaciones, «ante la petición de un vecino que se le expropie su parcela, y como la Ley está de su parte, se aviene a comprárselo. Y para ello en Pleno ordinario toma el acuerdo para llevarlo a efecto, iniciando el expediente de expropiación». Además, desde el equipo de Gobierno local se culpó al anterior Ejecutivo municipal: «Es responsabilidad del anterior Gobierno del PSOE, asignar a esa parcela en el 2007 el uso para equipamiento escolar».

Justificación esta que no convence al grupo naranja huercalense, que considera que con «cinco años en el Gobierno» ya han tenido tiempo de «subsanar este problema», además consideraron que hay muchas alternativas para que no se desembolse una cantidad «totalmente desorbitada» (treinta veces más del valor que se supone tendría en el mercado un terreno así).

Entre las alternativas que dio Ciudadanos, se encuentran las siguientes: «Adquirirla si está justificada la necesidad para equipamiento escolar, de acuerdo con la propiedad por un precio de mercado, entre 5.000 y 10.000 euros hubiera sido un precio razonable; o bien, incluirla en las unidades de Ejecución colindantes, que podría obtenerla a precio cero el Ayuntamiento, una vez desarrollada la Unidad de Ejecución, o bien, estando en la situación actual, solo justificada por la mala gestión del Ayuntamiento, buscar un acuerdo con la propiedad en los siguientes términos: no existiendo interés general ni necesidad de incluirla como patrimonio municipal, llevar a cabo una rectificación puntual del planeamiento en el PGOU, y devolverla al propietario la calificación en la que estaba antes de 2007, o bien incluirla en cualquiera de las unidades de Ejecución colindantes como suelo urbanizable. El propietario estaría satisfecho y el coste sería cero para el Ayuntamiento; también se podría mantener la calificación de equipamiento de la parcela (aunque no se prevé su necesidad a medio o largo plazo )y compensar con la permuta de otra parcela similar si no era voluntad del propietario desprenderse de ella».

Igualmente, desde Ciudadanos expresaron no entender la «celeridad» y la «poca información» que se ha dado para adoptar el acuerdo de pleno, con un tan alto coste, «cuando no existe interés general». Tampoco comprenden, según manifestaron, «la necesidad para la compra o expropiación de la parcela, ya que el colegió está suficientemente dotado de módulos, equipamientos deportivos y de recreo, además de ser colindante con zonas públicas amplias y abiertas, dotadas de mobiliario de recreo».

Y todavía es menos comprensible para los concejales de Cs que se asuma como bueno ese precio, cuando «tasadoras independientes no tendrían una valoración superior a los 10.000 euros, con lo que se estaría hablando de 60.000 euros por hectárea, algo bien retribuido».

1,6 millones por hectárea

De forma, si el Ayuntamiento persiste en su intención de abonar 300.000 euros por los 1.800 metros cuadrados se estaría en una comparativa que sería valorar por 1,6 millones de euros la hectárea, «una barbaridad», que supone «multiplicar por 30 el valor de mercado».

Por todo ello, Ciudadanos pidió que se paralice el trámite de este expediente, «por no estar justificado interés público, ni el general ni el municipal y , mucho menos, la necesidad que razone su adquisición para hacer frente al desorbitado pago que se pretende».

Recordaron, así mismo, que el Ayuntamiento «está para defender el interés general y que se gestione y se defienda hasta el último euro del dinero que el ciudadano paga con sus impuestos».

Pidieron desde el grupo de Albert Rivera que «se negocie con base a todas las propuestas recogidas en este escrito, u otras hasta agotar las vías de acuerdo» y que «se inste a los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio a preparar la defensa que corresponde ante tan desproporcionada petición. El Ayuntamiento está para respetar y hacer cumplir la Ley», finalizaron.