La Junta pide al TSJA ejecutar el derecho de retracto sobre El Algarrobico

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha expresado su compromiso con el Levante almeriense tras conocerse que su Gobierno pedirá al TSJA la ejecución de la sentencia que declara legal el derecho del retracto sobre los terrenos del Algarrobico, en Carboneras (Almería).

Tras una reunión con representantes del sector hortofrutícola en Almería, Díaz ha dicho a los periodistas que las constructoras del hotel que se ubica en Carboneras, Azata del Sol y Azata Patrimonio SL, no han comparecido este viernes en la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Almería para formalizar el retracto y cumplir de forma voluntaria la sentencia del Tribunal Supremo (TS).

A este respecto, la titular de la Junta ha aseverado: "Conocen perfectamente cuál es la posición del Gobierno y evidentemente que es un mal síntoma que no se hayan querido presentar porque saben que en este momento tenemos la razón".

Díaz ha afirmado que no se va a "olvidar nunca de la comarca, del trabajo, del empleo y de las posibilidades de desarrollo. Tenemos que hacer un esfuerzo grande y la Junta de Andalucía lo va a hacer por esa comarca".

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha informado en una nota de que solicitará ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ejecución inminente de la sentencia del TS que declara legal el derecho de la Junta de Andalucía para ejercer el retracto.

La solicitud ante el TSJA la realizarán los servicios jurídicos de la Junta, en coordinación con los del Gobierno de España, en los términos establecidos por el Plan de Actuación conjunto aprobado por ambas administraciones.

Según la nota del Gobierno andaluz, este retracto es el primer paso para que se pueda proceder a la demolición del edificio, y que cuando ya en 2006 intentó ejercerlo, consignando el precio de compraventa en escrituras en 2,3 millones de euros, se presentaron tres recursos que fueron desestimados por otras tantas sentencias del TSJA, contra las que se anunciaron recursos de casación, que fueron desestimados el pasado febrero por el Alto Tribunal, confirmando así la legalidad del procedimiento.