La continuidad de Galasa más allá del 1 de diciembre sigue en el aire

Desde el equipo de gobierno (PP) han propuesto aprobar una subida de la tarifa del agua de un 24 por ciento para que Galasa "equilibre sus cuentas" y pueda continuar funcionando después del 1 de diciembre de 2016.

El portavoz del PP, Javier Aureliano García, ha declarado que "la única solución es aprobar las tarifas, que son elevadas, es verdad, pero es la única solución que tenemos informada técnica y jurídicamente". Esta medida se tiene que votar en los plenos de los municipios integrados en el sistema Galasa, aunque, de momento, los ayuntamientos del PSOE se niegan a dar luz verde a la propuesta.

Desde el grupo socialista, su portavoz, Juan Antonio Lorenzo, ha propuesto "subir las tarifas si es necesario", pero se ha negado a que el equilibrio presupuestario recaiga "en los 60.000 usuarios de Galasa". Lorenzo ha defendido el reparto del déficit anual de la entidad, de 3.133.000 euros según datos del año 2015, entre la Diputación, Galasa y los vecinos de los municipios a los que da servicio la empresa.

El diputado socialista ha asegurado que "es necesario realizar una buena gestión" antes de tocar el bolsillo de los usuarios, ya que, según su propuesta, la Diputación debería invertir "cinco millones de euros en el arreglo de las fugas de agua, que podrían bajar durante los seis primeros meses de 2017 del 52 por ciento actual de pérdidas al 40 por ciento, lo que se traduciría en el ahorro de en torno al millón de euros".

Por otro lado, ha propuesto que Galasa saque a licitación pública sus servicios externos, que suponen un gasto anual de unos cuatro millones de euros, con lo que "podríamos sacar otro millón de ahorro de ahí". De esta manera, los usuarios del servicio tan solo deberían sufragar el coste de la deuda con una subida de la tarifa de en torno al nueve por ciento.

Desde el PP han explicado que las propuestas del PSOE no cuentan con un aval técnico ni económico y que, de contar con él, darían su visto bueno con tal de alcanzar un consenso que evite el cierre de Galasa el próximo 1 de diciembre. La ausencia de informe también ha impedido que se pueda votar esta propuesta en pleno, por lo que la sesión se ha disuelto sin alcanzar ningún acuerdo.

Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería, ha asegurado que desde 2012 ha querido tomar medidas "para estabilizar y tener posibilidades económicas en Galasa" y ha recordado que "se han hecho muchas cosas dentro de las posibilidades que hemos tenido", pero ahora la situación está "en el límite".

Además, ha afirmado que "si hay una solución el equipo de gobierno la va a buscar. El PSOE no ha hecho nada para darnos unos documentos, unas propuestas de equilibrio para que podamos arreglar la situación. No se puede cobrar más de lo que se gasta, es verdad, pero hay que equilibrar. Nosotros no queremos cerrar la empresa, en todas las liquidaciones desde 2012 he dicho que todos somos responsables de Galasa y su déficit, y que esto nos iba a estallar en las manos".

Amat ha declarado que "no da nada por perdido", pero que si la disolución de Galasa se hace efectiva el 1 de diciembre pedirá "las responsabilidades que haya que pedir".