Obras para proteger la desaladora

En concreto, lo que se explica en el BOE, por parte de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente tiene que ver con un informe de impacto ambiental para ese proyecto de «ampliación» de las obras de protección de la desaladora.

Sin embargo, más allá de lo que se pretende hacer y de las medidas preventivas para no afectar a flora y fauna de la zona, pocos más detalles se dan sobre unas obras que, a pesar de definirse como «ampliación», lo cierto, es que ningún representante público ha anunciado ni las obras iniciales ni las ampliadas. Sea como fuere, lo que dispone el anuncio del Gobierno es la ampliación del encauzamiento de la rambla de Canalejas lo que obliga a modificar el entronque con la rambla del río Almanzora. Añadiendo que «además es en la confluencia donde se producen las velocidades más elevadas por lo que se protege adecuadamente con escollera hormigonada».

También se modificará la carretera AL-8106 de Villaricos a La Mulería. «Modificación del trazado de dicha carretera de forma que favorezca las condiciones hidráulicas en el acercamiento a la embocadura del encauzamiento».

Por otro lado, se proyecta también un puente sobre la rambla de las Canalejas, así como la construcción de desagües bajo los diques de encauzamiento del río Almanzora y rambla de Canalejas y una estación de bombeo para cuando esos desagües no sean suficientes.

Entre las medidas preventivas de cara a la afección al medio natural, la presencia de la garcilla es lo único que podría suponer paralizar las obras si se localizan durante las mismas parejas reproductoras. Si es así, se deben parar las actuaciones hasta que los pollos abandonen el nido.

En el documento también se encuentran algunas sugerencias, como la de El Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), que proponen que se contemplen otras alternativas como la de el traslado de la desaladora a una ubicación adecuada, y también apuntan que se deberían calificar las obras proyectadas como alteraciones hidromorfológicas y hacer una valoración inicial de los efectos que producirá.

La desaladora del Bajo Almanzora, con un coste de 77 millones de euros, está en el centro de las investigaciones de la Operación Frontino por los sobrecostes de obras de Acuamed, la empresa pública, y a pesar de los estudios precedentes, se colocó en un lugar inundable.