Los americanos aplican las 'rebajas' a la limpieza de Palomares

Hoy se cumplen 51 años de la caída de las bombas sobre Palomares, y ayer la organización conservacionista presentó un escrito ante el CSN exponiendo un resumen de los hechos y alegando que Palomares es una instalación nuclear ilegal y un área contaminada, que ni siquiera figura como tal en el registro de áreas contaminadas.

Entre sus peticiones, se revela, según un documento del Consejo de Seguridad Nuclear, al que ha tenido acceso IDEAL, y tal y como expresan los Ecologistas que, «debido a las negociaciones con los norteamericanos, el pleno del CSN en sesión celebrada el 22 de julio de 2015 aprobó reducir la cantidad de tierra a tratar de 50.000 m3 a 28.000 m3, con lo cual el problema seguirá sin solucionarse».

De hecho, la directora del Ciemat, en declaraciones a Europa Press, en enero de 2016 afirmaba literalmente, «en la realidad lo que se tendrá que limpiar son 30.000 metros cúbicos de tierra contaminada por medio kilo de plutonio dispersado en 40 hectáreas».

Esto se contradice con el Plan de Rehabilitación de Palomares, PRP, aprobado por el CSN en mayo de 2010, con informe favorable de la Comisión europea, a raíz del estudio del Ciemat, en el que se habla de un volumen de tierra contaminada de 50.000 metros cúbicos, que, una vez tratados, quedarían en 8.000.

Por todo ello, Ecologistas exige al CSN que «cumpla con lo que él mismo aprobó» y advirtió que «Si el CSN no procede a la clausura inmediata de la instalación nuclear de Palomares, «Ecologistas en Acción pedirá al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que obligue al CSN a cumplir el PRP sin tener en cuenta las presiones de EE UU y a almacenarlo provisionalmente a la espera de encontrar a las tierras contaminadas un almacén definitivo».

Para la organización, «La Junta de Energía Nuclear, el Ciemat, el CSN y los sucesivos gobiernos de la dictadura y de la democracia sabían perfectamente que los americanos hicieron una limpieza cosmética en Palomares. De los 9 kilos de plutonio que liberaron las dos bombas MK-28, sólo se llevaron a Savannah River 270 gramos dejando esparcidos por el terreno unos 8 kilos de plutonio». Insistieron en ello, a pesar de que la Fiscalía General del Estado archivó en enero la demanda por vía penal presentada por Ecologistas en Acción contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y contra miembros de distintos gobiernos de España, por un presunto «delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente» al no descontaminar los terrenos de Palomares.

Para probar lo que dicen recordaron que «en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares hay una carta de fecha 13 de agosto de 1968 enviada por el Presidente de la Junta de Energía Nuclear, D. José María Otero Navascués al entonces Ministro de Industria D. Gregorio López Bravo donde tras un viaje a Palomares le dice: 'No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio' Manuel Fraga Iribarne, entonces Ministro de Información y Turismo, declaró al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: 'Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación', cuando sabía perfectamente que había unos 8 kilos de óxido de plutonio abandonados al aire libre».

No solo eso, sino que Ecologistas aseguraron que «el Ciemat y los responsables políticos, durante décadas, han engañado a la opinión pública haciéndoles creer que Palomares estaba limpio de Plutonio y han permitido que los agricultores y obreros de la construcción hayan trabajado en nubes de polvo radiactivo».

Hace poco más de un año se firmó un acuerdo de intenciones entre España y EE. UU. para la limpieza de Palomares, pero «la opacidad sigue siendo la tónica en este asunto», apuntaron desde el colectivo, que continuaron apuntando a que «en fechas recientes se ha lanzado la falsa noticia de que el coste de la operación, incluido el almacenaje, es de 600 millones, justificando la inactividad de la administración, cuando en el Plan de Rehabilitación se tasa en 30 millones de euros».