El alcalde de Carboneras dice que no hay "ninguna resolución judicial" que ordene modificar el plan urbanístico

Así se ha pronunciado el regidor carbonero después de que la organización ecologista Greenpeace haya anunciado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra el primer edil así como contra su antecesor, el socialista Cristóbal Fernández, por haber "permitido al Ayuntamiento de Carboneras seguir considerando como legal al hotel de El Algarrobico" pese a que se trata de una "construcción ilegal e ilegalizable", lo que supone para la entidad "una vulneración del derecho a la tutela judicial".

El alcalde ha lamentado "profundamente" la "postura de presión" que mantienen los grupos ecologistas como Greenpeace contra la corporación local "en lugar de dirigirla contra la Administración estatal o la autonómica, que son las que ostentan las competencias para la protección del litoral y del Parque Natural respectivamente".

Hernández ha señalado que el Ayuntamiento "ha respetado siempre todas y cada una de las resoluciones judiciales que se han dictado en relación a la construcción del hotel", con lo que "desde que se dictó el auto de paralización de las obras el 21 de febrero de 2006, no se ha realizado ejecución alguna tendente a su terminación".

Asimismo, ha apuntado que el recurso de revisión de nulidad de la licencia del hotel interpuesto por diversas asociaciones ecologistas "fue desestimado finalmente por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29 de julio de 2014", con lo que se declaró "conforme a derecho la licencia otorgada en su día por este Ayuntamiento para la construcción del hotel".

Igualmente, ha apuntado que "en defensa de los intereses municipales" también se interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJA de mayo del pasado año en la que se desestimaba el recurso presentado por el Consistorio contra la aprobación del PORN y PRUG del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

"No entendemos cómo esta postura no es mantenida frente a la Administración de Costas y la Junta de Andalucía que, además, cuentan con los medios económicos para instar a la demolición de lo construido sin que resulte necesario modificar el planeamiento urbanístico", ha apostillado.