Vera aprueba la modificación de estatutos de Codeur, dando más poder al socio privado

Con el 51% del accionariado, el Ayuntamiento de Vera tenía más poder que el socio privado en todas las tomas de decisiones respecto a la empresa mixta Codeur, gestora del ciclo integral del agua en la localidad. Sin embargo, con la reciente modificación de estatutos aprobada en el último pleno municipal (de más de 6 horas), esa capacidad se aminora con una medida que, en principio, puede sonar hasta contradictoria. Y es que, según el informe de la Intervención Municipal en referencia a ese cambio, «incrementar la mayoría por encima de lo establecido por Ley supone un perjuicio a los intereses municipales». Dicho de otra forma, el socio público tiene menos poder.

Ese fue también el principal argumento del Partido Popular, que votó en contra de esa modificación. «No entendemos ni las prisas y el porqué se va más allá de lo que marca la Ley para la toma de decisiones en la empresa mixta», apuntó el portavoz del Grupo Municipal del PP, Juan de la Cruz Belmonte. Es más, el concejal popular remarcó el que no se diera tiempo ni a la oposición ni al Interventor para poder estudiar bien la medida, «lo metieron como punto de urgencia» y después de que «la tarde anterior la Junta General de Codeur aprobara la modificación de estatutos».

De hecho, el Interventor argumenta en su informe, realizado el 28 de marzo, que se lo han remitido «de urgencia» y por lo tanto no puede «profundizar en el contenido del mismo». A pesar de ello, sí señala que se cambia la mayoría para aprobar ciertas cosas. «En el artículo 11.4.5.3 se establece una mayoría cualificada de 2/3» para varios asuntos, entre ellos, «fijar las remuneraciones del presidente, vicepresidente, consejeros y consejeros delegados; la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones; traslado de domicilio al extranjero», entre otros. Es decir, que si antes los representantes del Ayuntamiento en la empresa con su mayoría absoluta podían fijar estos aspectos, ahora ya no podrán hacerlo sin el consentimiento del socio privado. Lo dijo así en el plenario, el portavoz del equipo de Gobierno local, Francisco Vázquez (PA), «de esta forma se evitarán los abusos por parte del Ayuntamiento porque se tendrán que consensuar los sueldos» y añadió que en la anterior legislatura «Belmonte se puso un sueldo de 13.000 euros anuales estando en contra el 49% de la mercantil».

Para los populares, sin embargo, esta medida, «las prisas por aprobarla, dando menos de 48 horas para su estudio, además de dotar de mayor capacidad de decisión a la parte privada, deja otra vez en evidencia del lado de quién está el PA y el PSOE de Vera».

Intervención concluye su informe argumentando otra deficiencia, la determinación de la aplicación de una Ley de aplicación a las relaciones reguladas por los contratos mercantiles o de alta dirección que se puedan derivar de la aplicación de los nuevos estatutos.