Ocho años de inhabilitación para el exalcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández

Fernández se enfrenta a un presunto delito de prevaricación aunque la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento que ahora preside su sobrino, José Luis Amérigo, le atribuye la supuesta comisión de un delito de malversación de caudales públicos que, en este caso, no estima el Ministerio Público.

El escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que el exregidor carbonero, con «conocimiento de que actuaba en contra del ordenamiento jurídico, adjudicó de »forma directa, sin seguir procedimiento administrativo alguno« la obra bajo sospecha mediante una resolución de Alcaldía de fecha 8 de septiembre de 2008 por un importe de 492.182,65 euros.

Lo hizo, según añade el fiscal, «bajo el presupuesto de que la obra sería ejecutada» con los «medios propios del Ayuntamiento» pero «en realidad fue subcontratada, suministrada y ejecutada por las mercantiles Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Garrido SL«.

La primera habría girado facturas correspondientes a suministros y habría percibido pagos por un montante de 360.937,23 euros, mientras que la segunda ejecutó materialmente la obra y habría cobrado facturas por importe de 134.982,51 euros.

En ambos casos, las cuantías «fueron satisfechas con cargo» al presupuesto municipal, «sin que mediase ningún tipo de expediente de contratación», según reprocha el Ministerio Público, que, en esta línea, remarca que hizo «prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados».

«Favoreció con la adjudicación de la obra a estas dos mercantiles, que obtuvieron importantes beneficios como consecuencia de ello», concluye el escrito elevado al Juzgado de Instrucción 2 de Vera.

La obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo del municipio supuso que el Ayuntamiento recibiese una subvención de la Junta de Andalucía de 295.309,58 euros que ha tenido que reintegrar. En concreto, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte declaró en noviembre de 2010 el «incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención» e inició expediente de reintegro.

La Fiscalía solicitó en 2017 que se abriese procedimiento a raíz de los hechos denunciados por quien entonces era el regidor, el independiente Salvador Hernández (Gicar), que denunció que la gestión hecha por exalcalde socialista había supuesto «un grave quebranto a la administración local».

En su resolución definitiva de reintegro en mayo de 2011, la Junta andaluza destacaba «un alto índice de irregularidades en relación al cumplimiento de la orden reguladora de la subvención».

Fernández regresó a la política en 2007 después de apartarse tras ser inhabilitado durante seis meses por un delito electoral. Pudo hacerlo porque pocos días después de su renuncia para cumplir la pena el Consejo de Ministros le concedió el indulto. Como candidato por el PSOE, volvió a ganar las elecciones locales con mayoría absoluta.