Palomares aguarda desde hace 59 años la limpieza de la tierra contaminada en el accidente nuclear

Desde Ecologistas en Acción han recordado coincidiendo con este aniversario los distintos procedimientos judiciales impulsados para conseguir que se ordene al Gobierno la retirada y el almacenamiento «temporal» de 6.000 metros cúbicos de residuos, el último de ellos a través de una demanda en la Audiencia Nacional dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica.

«Esperemos que esta demanda finalice con éxito y que, por fin, la justicia obligue al Ministerio de la Transición Ecológica para que ordene la limpieza», ha trasladado a Europa Press el abogado de la entidad conservacionista, José Ignacio Domínguez, quien ha recordado que la demanda fue admitida a trámite pese a la oposición de la Abogacía del Estado. «La Audiencia Nacional nos ha dado la razón de momento y ha condenado en costas al abogado del Estado», ha apuntado.

Con ello, ha señalado que han transcurrido ya 59 años desde que se produjo el accidente y desde que las autoridades españolas de la época «se pusieron de acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos para no limpiar la radioactividad», según ha sostenido ante la ínfima cantidad que se retiró en su momento de los nueve kilos de plutonio que se liberaron con el accidente.

Se ha propuesto como objetivo que los tribunales fijen un plazo concreto para llevar a efecto el plan de rehabilitación de la zona; un documento que el Gobierno ha sostenido, desde siempre, debe ejecutar la Administración estadounidense en tres días, nuevamente en manos de Donald Trump.

No obstante, se cumplen ya diez años del protocolo de intenciones firmado en 2015 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, y el exsecretario de Estado de EE UU John Kerry para acometer la limpieza. El asunto también fue abordado en 2023 tras un encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo norteamericano, Joe Biden.

De otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también anuncio que estudiaría la demanda que Ecologistas en Acción elevó contra España por la «falta de solución» a la «emergencia radiológica» y la «inacción» de los «sucesivos gobiernos» para «terminar» con una «situación tan prolongada» en el tiempo que ha puesto «en riesgo la vida de las personas».

Domínguez defiende que desde que se produjo el accidente nuclear en 1966 y en el marco del proyecto 'Indalo' firmado en esa década entre España y EE UU, se habría urdido un «plan secreto» para «no limpiar la radioactividad» y así poder «analizar las consecuencias de la radioactividad en la salud» humana.

Vigilancia radiológica

Los últimos resultados hechos públicos en el marco del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la población (PVRA) de Palomares, de 2021, indican que los casi 400 análisis realizados por Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) a muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio un total de 112.

No obstante, en todos estos casos, los valores detectados «son inferiores a los niveles de referencia» que están fijados en el citado plan.

Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados en el último muestreo dado a conocer son «similares» a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que «la evolución temporal del nivel de contaminación» en la última década, durante el periodo 2010-2021, «se ha mantenido estable».

El PVRAP, aprobado, supervisado e inspeccionado por el Consejo de Seguridad Nuclear, analiza las concentraciones másicas, volumétricas o superficiales de actividad de americio-241 y plutonio-239+240 en diversos tipos de muestras con frecuencia mensual, anual y bianual.

En el ejercicio 2022, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, se tomaron 258 muestras, entre ellas de carne de conejo, que fueron sometidas a análisis, 128 de ellas con carácter mensual. La mayoría, un total de 156, son muestras de aire.

Expropiación de fincas

Por otro lado, hace tres años, el Gobierno decidió expropiar forzosamente un total de 44 fincas con una superficie de poco más de 32,4 hectáreas tras un informe del Ciemat que indicaba que «no era aconsejable» una «nueva prórroga» de la ocupación temporal que se decretó en 2010, y tampoco de los contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas a la espera de que se concrete en Plan de Rehabilitación de la zona con la implicación de EE UU.

La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.

Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos de los municipios en los que se localiza el suelo contaminado y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.

Así, una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.