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Imagen de archivo de la zona vallada por contaminación nuclear en Cuevas de Almanzora. J.S./ IDEAL
Piden que Fiscalía investigue el traslado a Palomares de 5,8 toneladas de material radioactivo

Piden que Fiscalía investigue el traslado a Palomares de 5,8 toneladas de material radioactivo

Se depositó en el almacén del laboratorio que el organismo tiene en la zona 3, entre las calles Diseminado la Punta y Paraje Guardicas

EUROPA PRESS

LEVANTE

Miércoles, 27 de marzo 2019, 17:57

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Ecologistas en Acción ha solicitado a la Audiencia Nacional que inste a la Fiscalía a investigar si la gestión que hizo el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) del traslado, entre 2011 y 2016, de casi seis toneladas de material radioactivo a la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería) fue «irregular» y si ha podido incurrir en un delito.

El escrito elevado este miércoles a la Sección Séptima, consultado por Europa Press, apunta al hecho de que el Ciemat haya reconocido en un informe remitido a la propia AN que un envío que realizó el 29 de noviembre de 2016 no se depositó como el resto del material en un contenedor marítimo sino que se depositó en el almacén del laboratorio que el organismo tiene en la zona 3, entre las calles Diseminado la Punta y Paraje Guardicas.

«Se han almacenado allí 77 cajas de material radiactivo con un peso total de 670 kilos, sin señalización, ni vigilancia alguna, a pocos metros de las viviendas, en el centro del pueblo», indica Ecologistas en Acción, impulsor del procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en la Audiencia Nacional para dirimir si procede obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona aprobado en 2010 y en el marco del cual se enmarcan estas actuaciones.

Añade el colectivo que este almacenamiento «clandestino» de material radiactivo se ha realizado «sin informe favorable, ni autorización alguna, es decir, sin expediente» y que podría, por tanto, ser constitutivo de un presunto delito sobre la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, previsto y penado en el artículo 345 del Código Penal.

En el informe remitido por el Ciemat al tribunal, consultado por Europa Press, el organismo precisa que estos 670 kilos de material radioactivo no se depositó en ningún contenedor como el resto de los 5.152 kilos trasladados desde Madrid sino que se «situó en el almacén del laboratorio de la zona 3 al no poder acceder al contenedor marítimo por encharcamiento de la zona 2 debido a las lluvias torrenciales». «Desde entonces todos los materiales que constituyeron este envío permanecen almacenados en dicho lugar», apuntilla.

Ecologistas en Acción también señala que podría apreciarse «irregularidad» de acuerdo a lo contemplado en el capítulo XIV, sobre infracciones y sanciones en materia nuclear, de la Ley 25/64 de 29 de abril de energía nuclear ya que, según remarca, el CSN, al tener conocimiento del traslado, en un escrito de fecha 31 de octubre de 2018 «se limitó a manifestar que el CSN no tiene comentarios» al respecto.

Tras analizar la prueba remitida por el Ciemat a requerimiento de la Audiencia Nacional, el colectivo critica con dureza el comunicado que hicieron público de forma conjunta el organismo y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de octubre de 2018 a raíz de la «información periodística» que revelaba la existencia de dos traslados desde Madrid en 2016, que a la postre han terminado siendo cuatro desde 2011.

«No se han realizado dos traslados de material radiactivo, como afirmaron, sino cuatro, y el peso del material radiactivo trasladado y almacenado en Palomares no ha sido de tonelada y media sino de 5,8 toneladas», remarca para añadir que la actividad radiológica del material es de un total de «274 millones 340 mil Bequereles, muy alejados de los 13 millones de Bequereles que inicialmente reconocieron».

Concluye para pedir que se deduzca testimonio y se dé traslado al Ministerio Fiscal para investigación que el material radiactivo se ha trasladado «desde la Instalación Radiactiva de 2a clase, la IR-17, sita en Madrid, a Palomares» y que, tanto el transporte como el posterior almacenamiento «se ha realizado sin conocimiento del CSN, ni de Enresa».

La vía contencioso-administrativa ya está abierta

La Audiencia Nacional acordó incorporar al procedimiento, a instancias de Ecologistas en Acción, la nota de prensa que, conjuntamente, emitieron el Ciemat y el Ayuntamiento de Cuevas el día 26 de octubre de 2018 y en la que se decía que el traslado se realizó «sin conocimiento de Enresa ni del CSN».

Los citados documentos también incluyen una fotografía de la señalización de este «almacén temporal», señalización que dice es «simular a la que puede tener un coto de caza, sin que en ninguna zona de la alambrada aparezca señalización alguna que indique que en esos contenedores se almacena material radioactivo» y otras tres instantáneas, esta vez obtenidas de Google Earth y a diferentes escalas de tamaño, «con los dos contenedores situados junto a dos balsas de riego próximas al cementerio de Palomares».

Por último, incorpora una quinta fotografía del edificio 33 de la IR 17 del Ciemat con parte de dichos residuos radiactivos, antes de que estos fueran transportados a Palomares.

«Relevante» para decidir sobre la limpieza de la zona

La sala de lo Contencioso-administrativo ya rechazó la oposición de la Abogacía del Estado a que la Audiencia Nacional indagase sobre este traslado. Esta argumentó que este traslado «no tenía relación» con la decisión sobre el plan de rehabilitación de la zona.

«Si la pretensión es que se descontamine Palomares y se pide la retirada de la tierra contaminada, tiene relación con la pretensión y es un hecho relevante que se produzca un nuevo almacenamiento en dicho lugar», indicó en su auto la Sección Séptima, que subrayó el hecho de que se supone que se «trata de tierras extraídas de ese lugar» para su análisis que «ahora vuelven al mismo es algo sobre lo que debe versar la prueba».

Ecologistas en Acción pidió una ampliación de hechos en la causa impulsada para que la AN obligue al CSN a ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona aprobado en 2010 tras la «información periodística» que reveló parcialmente el transporte de este material.

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