Piden al Gobierno que ponga en marcha la descontaminación de Palomares, que costaría 10 millones de euros

En la moción, se insta al ejecutivo a desclasificar el secreto de la documentación requerida como prueba en el procedimiento contencioso-administrativo que se sigue ante la Audiencia Nacional (AN) y que abarca más allá del Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 e incluye el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó en julio de 2015 y que, según Ecologistas en Acción, modifica los criterios radiológicos de 2010 rebajando notablemente el volumen de tierra a limpiar.

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre, a instancias de la Audiencia Nacional, la Propuesta Preliminar del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y que fue aprobado por el CSN el 5 de mayo de 2010, pero lo hizo «a los únicos y exclusivos efectos» de su incorporación al procedimiento y con carácter «confidencial».

Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Catalunya en Comú Podem y Geroa Bai) indica en la moción al Senado, consultada por Europa Press, que España «cuenta con sobrada tecnología y medios» para emprender la ejecución del Plan de Rehabilitación «sin esperar a que el país causante del accidente», en alusión a EE UU, y para «almacenar» de forma «provisional» los residuos «hasta la devolución a sus legítimos propietarios».

Critica que los acuerdos entre EE UU y España en los últimos años «no son vinculantes» y se limitan a «recoger declaraciones de intenciones para la recuperación de la zona» que, según remarca, «no se han traducido en la puesta en marcha de un plan efectivo, negándose EE UU a retirar el plutonio y los materiales radiactivos, lo que supone para el CSN un requisito imprescindible para actuar en la zona».

Alude en este punto al pleito en la Audiencia Nacional en el que Ecologistas en Acción pide que se obligue a fijar un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación ante la negativa del regulador atómico y advierte de que «diversos estudios señalan que Palomares en la localidad más radiactiva del Estado español, con un 29 por ciento de su población que presenta trazas de plutonio en su organismo».

La moción elevada al Senado, que pide que se «asegure la regeneración ambiental», «la salud de los habitantes de las localidades cercanas a la zona sobre la que cayeron las bombas temonucleares en 1966» y el «desarrollo económico de la comarca», estima el coste del estudio y de las tareas preliminares en diez millones de euros.

Por otro lado, Izquierda Confederal insta en la moción elevada al Senado una declasificación completa de la documentación de Palomares ya que, tal y como también ha sostenido a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo Ecologistas en Acción, «se tiene constancia en 2015 de la existencia de un documento enviado por las autoridades norteamericanas declarado como secreto en el que se reduce el volumen de tierra a tratar».

Añade que el Plan de Rehabilitación prevé limpiar 50.000 metros cúbicos de tierra y que el CSN «modificó sus propios criterios radiológicos» a raíz de citado documento secreto de EE UU, en el que se «reduce a solo 28.000 metros cúbicos, con la pretensión de dejar en Sierra Almagrera, junto a Villaricos, una contaminación residual».

En la moción, el grupo parlamentario urgen, asimismo, a «poner en marcha una investigación para esclarecer la desaparición de documentos archivados en el Consejo de Seguridad Nuclear en los que se contenía información fundamental para la investigación derivada de la mencionada demanda».

Sobre esto, Ecologistas en Acción solicitó en abril a la Audiencia Nacional que investigase si el informe que aprobó regulador atómico en julio de 2015 en el que reduce el volumen de tierra a limpiar «habría sido destruido» ya que lo que el CSN remitió al tribunal fue «un documento sin portada, sin número, sin firma y sin fecha».

El colectivo sostiene, ahora y a lo largo de todo el procedimiento, que «dicho anónimo fue elaborado con el único objeto de ser aportado» al contencioso-administrativo y «que en él se ocultan los motivos por los que se modificaron los criterios radiológicos» para Palomares «en julio de 2015» con respecto a los aprobados en 2010.

En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EE UU casi al tiempo, si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

En mayo de 2018, el colectivo solicitó al tribunal que pidiese al CSN «una copia certificada del informe» pero la Abogacía del Estado alegó que estaba sujeto a la Ley de Secretos Oficiales.

La Comisión Europea (CE) ha dado plazo a España hasta finales de 2021 para que informe de los «progresos» alcanzados respecto al plan de limpieza «definitivo» y le ha instado a ejecutarlo «para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico» en especial en las zonas 2,3 y 6 «teniendo en cuenta la muy larga vida media» de los «contaminantes» allí presentes.

Recoge que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado hace una década, en algunos lugares se registraba «una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas 5 mSv por año».

España sostiene que para «la solución final» al problema es «primordial» el acuerdo con EE UU ya que «no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza».