El Pleno de Carboneras vota este martes por segunda vez los acuerdos para anular la licencia del Algarrobico

La sesión, prevista a partir de las 10.00 horas, llega tras el auto judicial en que el TSJA ordenaba al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), adoptar la resolución para finalizar el procedimiento en un plazo de 20 días hábiles después de que la mayoría de la corporación aprobara el 17 de junio, con el voto de siete de los 12 concejales, posponer la votación para recabar nuevos informes sobre el impacto económico de la medida.

En concreto, la medida aplazatoria propuesta por el concejal no adscrito y exalcalde Felipe Cayuela contó con el apoyo de una exedil del PP y cinco concejales del PSOE, sobre los que la dirección federal del partido acordó posteriormente la expulsión provisional del partido por no acatar las directrices destinada a apoyar la revisión del expediente.

El expediente vuelve ahora a pasar por Pleno tras haber contado con el voto favorable en la comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía del alcalde de Carboneras y de dos ediles del PP. Otros dos concejales expulsados del PSOE se abstuvieron mientras que Cayuela no asistió al excusar su presencia.

Pese a que los concejales socialistas sancionados desde Ferraz se encuentra formalmente expulsados de forma provisional del partido, sus expedientes aún están en tramitación y pendientes de resolver la fase de alegaciones, según han detallado fuentes socialistas.

La expulsión definitiva permitiría, de cara a la organización en el Ayuntamiento, comunicar la disolución del grupo municipal del PSOE para obligarles a ingresar en el grupo de no adscritos. Aunque oficialmente los concejales no forman parte de la militancia, éstos aún actúan 'de facto' y por sí mismos como representantes de la formación en el Ayuntamiento.

El TSJA también advertía en su resolución del 26 de junio de que, en caso de incumplimiento, podría acordarse la ejecución subsidiaria de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), sin perjuicio incluso de que se decidieran multas coercitivas o deducir testimonio ante la Fiscalía por posibles delitos de desobediencia.

Sin informes económicos

El nuevo Pleno llega sin recabar los informes adicionales solicitados por los siete concejales que expresaron sus dudas sobre las posibles consecuencias económicas de la medida ante una posible responsabilidad patrimonial frente a la promotora.

El mismo acuerdo que se eleva a debate, que cuenta con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), ya contempla deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Consistorio carbonero remitió el pasado 23 de junio al alto tribunal andaluz la copia del acta del pleno extraordinario que tuvo lugar el día 17 en el que se acordó posponer la revisión de oficio de actos nulos de la licencia de obras del hotel.

Desde el mismo Ayuntamiento se quiso acreditar documentalmente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo que «lejos de votar la revisión de oficio» de la licencia de obras para declarar su nulidad, «una serie de concejales solicitaron 'in extremis' que dicha votación quedara sobre la mesa» hasta una próxima sesión plenaria.

En este sentido, el primer edil carbonero daba cuenta que dicha opción fue rechazada por cinco concejales del PP y él mismo, quien gobierna pero con mayoría simple en el Ayuntamiento. Ante tal situación, pedía a la Sala que tomara dicha situación en consideración «a los efectos y fines oportunos».

Cabe recordar que tras el Pleno, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), al igual que Greenpeace y la Junta de Andalucía, solicitó al TSJA la ejecución subsidiaria de la sentencia que obliga a anular la licencia del hotel, aunque en su caso, el Miteco instaba a la convocatoria de un nuevo pleno previamente en el que se volviera a intentar la aprobación del acuerdo.

Desde el Miteco se instaba «a todos los grupos políticos» del Ayuntamiento de Carboneras a votar a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. Cabe señalar, al respecto, que la expulsión de los concejales del PSOE ha provocado la disolución del grupo, de modo que sus integrantes figurarían como miembros del pleno no adscritos.

La Junta de Andalucía y Greenpeace pidieron al Tribunal una ejecución forzosa de la sentencia dictada en 2021 que evite más demoras y no haga depender las acciones necesarias del Ayuntamiento; una posibilidad que la organización ecologista ha reclamado en numerosas ocasiones durante los últimos años sin éxito.