«La población de Palomares está contenta, pero hay cautela porque no es la primera vez»

«La población de Palomares está contenta, pero hay cautela, porque no es la primera vez», ha dicho en alusión a la declaración de intenciones que suscribieron en 2015 el entonces ministro José Manuel Margallo y su homólogo estadounidense, John Kerry.

A la espera del resultado de la reunión que mantendrán el viernes en la Casa Blanca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario de EEUU, Joe Biden, el regidor de la pedanía de Cuevas de Cuevas del Almanzora asegura que hay que «pensar que está podría ser la definitiva».

«Antes o temprano, mejor que sea ya pronto, se tiene que poner solución», ha remarcado al tiempo que ha hecho referencia a que el Plan de Rehabilitación para Palomares aprobado en 2010 contempla la remediación de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada.

Velasco ha afirmado que también hay cierto «escepticismo» entre los propietarios de las fincas que componen las 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica y valladas perimetralmente, y sometidas desde 2021 a un proceso de expropiación forzosa.

«El Ciemat siempre ha trasladado que el objetivo del procedimiento era la descontaminación de las tierras para, una vez limpias, devolverlas a sus legítimos propietarios», ha concluido.

Cabe recordar que la mayoría de los propietarios de las 44 fincas afectadas por el procedimiento de expropiación forzosa han comunicado a la administración que rechazan la valoración económica realizada por el Gobierno, por lo que será el jurado provincial el que resuelva de forma definitiva en vía administrativa.

De los 324.073 metros cuadrados bajo vigilancia radiológica, la mayor parte se localizan en el municipio de Cuevas del Almanzora y tienen naturaleza rústica según la calificación que hace el ministerio. Solo cinco fincas, tres urbanas, y otras dos rústicas, se ubican en la localidad de Vera.

Entre los afectados figuran particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos y constructoras que adquirieron el suelo con anterioridad a la puesta en marcha del Plan de Vigilancia Ambiental en Palomares con calificación de urbanizable para uso residencial.

La administración del Estado ha ofertado por metro cuadrado rústico entre un euro y 80 céntimos. Mientras, en suelo urbanizable, se ha valorado el metro cuadrado en una media de 0,91 euros.

Para fijar precio, ha considerado que el suelo urbanizable es, en realidad, rústico conforme a la ley del suelo estatal de 2015, pero no ha tenido en cuenta en la ponderación las cuantías económicas percibidas con anterioridad por los propietarios ya que la ocupación temporal y el régimen de alquiler al que estaban sometidos son conceptos «distintos» al de la expropiación forzosa.