La Policía Judicial detecta falta de control en las tarjetas de carburantes del Ayuntamiento de Garrucha

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que investiga los delitos de delincuencia económica ha detectado una falta de control y fiscalización posterior del uso de las tarjetas de carburante que el Ayuntamiento de Garrucha utiliza para repostar los vehículos del parque móvil municipal.

Así se extrae de las conclusiones elaboradas en el atestado instruido por la Guardia Civil, al que ha tenido acceso IDEAL, a petición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Vera que investiga una denuncia presentada por el portavoz de Garrucha Para la Gente, Álvaro Ramos, en la que advierte de presuntas irregularidades en el uso fraudulento de tarjetas de pago de combustible y una contabilidad manipulada para tal fin.

El caso, que investiga unos hechos que habrían ocurrido entre enero de 2015 y diciembre de 2020, se encuentra archivado provisionalmente a la espera de que el juez revise con detenimiento el atestado entregado por la Policía Judicial el pasado 12 de enero.

La alcaldesa de Garrucha, María López Cervantes (PSOE), ha solicitado recientemente al juez declarar voluntariamente y su defensa va a pedir que el caso se archive de manera definitiva. En declaraciones a IDEAL, la regidora aseguró que «en ningún momento» se han aprovechado del uso de esas tarjetas.

El informe elaborado por la Policía Judicial tiene como objetivo determinar la existencia de ilícitos penales en los hechos denunciados e identificar a los presuntos responsables de los mismos. Para ello se ha tomado declaración a diversos testigos y se ha analizado toda la documentación aportada por el Ayuntamiento de Garrucha así como por el denunciante.

El 27 de agosto de 2021, Ramos Cáceres, concejal de Garrucha Para la Gente en la oposición, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Huércal-Overa. En ella advertía que, en su posición de edil, había solicitado información al equipo de gobierno que preside López Cervantes sobre facturas de combustible de vehículos del Ayuntamiento. En su denuncia describió presuntas irregularidades que, según él mismo, podrían demostrar el presunto uso fraudulento de tarjetas de pago de combustible y una contabilidad manipulada para tal fin.

Ramos apuntó que la documentación que le mostraron eran folios grapados y agrupados por meses donde se reflejaban datos de vehículos, tarjetas de pago empleadas, día y hora de cada repostaje y que en algunos de los documentos no existía registro de entrada oficial y en otros aparecía una nota que señalaba: «copia por extravío del original», sin tener registro de entrada.

Entre las pruebas aportadas, el concejal destacó que una barredora que tenía un depósito de combustible de 40 litros de capacidad tuvo asignada dos tarjetas. En una de ellas se habrían realizado repostajes superiores a los 40 litros. También hizo mención a un quad con un depósito de 30 litros de gasolina sin plomo. Ramos sostiene que en la tarjeta asociada a este vehículo aparecen repostajes de combustible diesel.

Otro de los puntos denunciados por el edil era el repostaje de varios vehículos en lugares muy lejanos del municipio de Garrucha, como Honrubia (Cuenca), Montilla (Córdoba) o La Gineta (Albacete), entre otros.

En el desarrollo de la investigación, además de cotejar la información aportada por el denunciante, la Policía Judicial solicitó al Ayuntamiento de Garrucha la relación de tarjetas de repostaje de carburante, con indicación del número de cuenta bancaria asociada a cada una y los cargos en concepto de repostaje que tuvieron lugar entre 2015 y 2020. También pidió que se le indicase el modo de facturación y fiscalización contable del gasto en carburante; una copia íntegra y certificada con el registro de entrada de las facturas; y la identificación fehaciente del responsable del uso de cada una de las tarjetas de combustible para el repostaje de los vehículos.

Según consta en el atestado policial, el Ayuntamiento de Garrucha remitió a la Guardia Civil hasta 25 documentos distintos que, según las conclusiones, exponen que el repostaje de una gran cantidad de litros excediendo la capacidad del depósito «es debido a que repostaron varios vehículos uno detrás de otro y pagando con la misma tarjeta».

Además, el Consistorio garruchero aportó informes «justificando» los viajes fuera del municipio como puede ser para la asistencia de cursos o actividades relacionadas con el Rocío.

Durante la investigación, los agentes tuvieron acceso al informe del secretario así como del interventor municipal. También tomaron declaración a varios testigos entre los que se encuentran varios encargados de estaciones de servicio cercanas a Garrucha, el anterior coordinador de Protección Civil así como el actual y el jefe de mantenimiento del Ayuntamiento garruchero.

En las conclusiones, la Policía Judicial observa una falta de control en los repostajes por parte de los trabajadores de las estaciones de servicio. Le llama la atención, igualmente, que no se apuntaban los kilómetros de los vehículos al ser repostados, «motivo por el cual se remarca la ausencia de control del uso y repostaje con las tarjetas».

Los agentes también apuntan a que se ha podido comprobar que las tarjetas de repostaje de los vehículos municipales se han empleado para vehículos particulares que han colaborado con el Ayuntamiento de Garrucha, como es el caso de la Cabalgata de Reyes o con la justificación de realizar un curso de formación fuera del municipio. Eso sí, también señalan que «no se podría descartar un uso de las mismas para un uso particular» aunque no han podido obtener pruebas que lo ratifiquen.

En definitiva, «se observa una falta de control y fiscalización posterior del uso de las tarjetas de carburante» y, aunque como señala el interventor no es obligatoria una fiscalización previa, «los investigadores no han observado una fiscalización y control posterior de los gastos».

El denunciante, Álvaro Ramos, confía en que con el atestado de la Policía Judicial el proceso judicial siga adelante. En declaraciones a IDEAL señaló que el informe pone de manifiesto que «había un descontrol controlado para que todo el mundo hiciera lo que quisiera sin que hubiera ningún responsable».

Será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Vera el que, tras estudiar las diligencias, tendrá que decidir si continúa adelante con la causa o si, por el contrario, la archiva de manera definitiva.

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