PSOE y Cs presentan una moción de censura en Carboneras

La caja de bombas de Carboneras ha vuelto a sonar a mascletá. El PSOE de Carboneras y el único concejal de Ciudadanos (Cs) en la localidad, el exalcalde Salvador Hernandez, han presentado una moción de censura con la que pretenden sacar de la alcaldía al actual regidor, Felipe Cayuela, del Partido Popular. Para que la suma sea viable y tenga mayoría absoluta también ha hecho falta el concurso de un edil no adscrito, elegido por las listas del PSOE, y que también apoya el cambio de Gobierno.

Según el contenido de la moción de censura, el próximo alcalde sería Salvador Hernández y contaría con el apoyo de la mayoría del plenario. Hernández fue el soporte necesario para que la investidura de Felipe Cayuela fuera posible en junio del pasado año. A cambio, fue elegido concejal del equipo de gobierno con responsabilidades ejecutivas. Sin embargo, y después de un periodo de gobierno con relaciones complicadas, el actual regidor, Felipe Cayuela, acabó retirándole las competencias hace pocas semanas.

La Alcaldía se repartiría año y medio para Hernández y año y medio para el portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, según consta en el pacto que ha derivado en la moción. El cambio de bastón de mando tendrá lugar en octubre de 2025. El escrito se ha registrado a las 08,30 horas de este viernes, por lo que, una vez diligenciado por la Secretaría Municipal, el pleno ha quedado automáticamente convocado para las 12,00 horas del décimo día hábil siguiente a su registro.

La moción señala que los vecinos carboneros están «sufriendo» la «incompetente gestión» del gobierno en minoría del PP y reprocha a Cayuela su «nepotismo, generando beneficio solo a sus familiares, socios y amigos». Refiere una «pésima» situación «económica y financiera» que está «llevando a la quiebra técnica y económica» al Ayuntamiento que, según resalta, «no ha aprobado cuentas anuales y presupuestos» para 2024.

PSOE, Cs y concejal no adscrito aluden en el escrito a «contrataciones irregulares de obras y servicios» y acusan al alcalde del PP desde su toma de posesión de «destruir» las «políticas sociales progresistas» y de llevar a cabo sus actuaciones «para satisfacer los intereses económicos de familiares y amigos». «En estos meses de gobierno del PP es alarmante el deterioro de la convivencia social y el retroceso en todos los servicios conseguidos», traslada para concluir que «es conocido que la gran mayoría de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento carbonero se sienten acosados y abandonados».

El PP ganó las últimas elecciones municipales por apenas 200 votos, pero obtuvo el mismo número de regidores que el PSOE. El voto de Salvador Hernandez, único regidor elegido por la lista naranja, resultó entonces imprescindible para cambiar el gobierno local y dárselo al PP.

De salir adelante, la moción de censura, el movimiento en Carboneras pondría de alcalde al cabeza de lista menos votado de todos. Y los encargados de hacerlo serían los socialistas. Salvador Hernández ya fue alcalde de Carboneras en dos ocasiones bajo las siglas del Grupo Independiente de Carboneras (Gicar) en el que Felipe Cayuela, ahora en el PP, fue lugarteniente.

El ascenso de Cayuela a la Alcaldía tras las últimas elecciones locales supuso un giro de 180 grados en la línea procesal que había mantenido hasta ese momento el Ayuntamiento carbonero en los pleitos para ejecutar las sentencias respecto a El Algarrobico que se siguen ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los planteamientos del gobierno municipal entraron en sintonía con los propugnados por el Gobierno andaluz, que sostiene que el paraje es «no urbanizable de especial protección» desde 1994 y se comunicó desde el consistorio al alto tribunal que iniciaría «de la forma más inmediata posible» el procedimiento de revisión de oficio de la licencia municipal de obras del hotel, de 2003 y ordenada por el Tribunal Supremo (TS).

Cabe recordar que, en noviembre de 2023, se llevó a cabo un pleno ordinario en el que no pudo salir adelante una corrección al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que facilitaría declarar nula de pleno derecho la licencia de obras. La modificación de la desclasificación como urbanizable que se hizo del Algarrobico bajo mandato del PSOE no salió adelante debido al gobierno en minoría del PP.

Hernández fue condenado en 2021 a 13 años de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Almería como presunto responsable de un delito de prevaricación continuada. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revocó la sentencia y le absolvió. La querella que dió pie a este proceso judicial la presentaron desde el PSOE.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aseguró que no hubo prevaricación en la adjudicación sucesiva de contratos menores por importes reducidos a varias empresas. El alto tribunal andaluz rechazaba el criterio aplicado por la Audiencia Provincial y afirmaba que, si bien el «sistema seguido con pluralidad de contratos menores pudiera ser reputado como contrario a la correcta interpretación y aplicación de la normativa de contratos del sector público», esto no significa que el exregidor carbonero hiciese «un intencionado o deliberado torcimiento de la norma».

Para el TSJA estas imputaciones estaban «carentes de respaldo probatorio alguno« y contrastaban »con la quietud y pasividad mantenida ante las contrataciones enjuiciadas por el resto de responsables públicos municipales y por el funcionario encargado del asesoramiento de los mismos«.

De otra parte, la resolución hizo hincapié que en los hechos probados de la sentencia de origen «aparecen transpuestos de modo casi mimético» los hechos descritos por el Ministerio Fiscal, «incluidas las valoraciones de los mismos que hallarían mejor acomodo en la fundamentación».

Salvador Hernandez se presentó, una vez libre de reproche judicial, por la candidatura de Ciudadanos. Fue de las pocas listas naranjas que obtuvo representación en la provincia de Almería en las últimas municipales.

Anteriormente, a principios de siglo, sí que fue inhabilitado por otra causa judicial por defectos en informaciones solicitadas por la oposición socialista, también denunciante entonces. La Audiencia Provincial de Almería rebajó a un año la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta Hernández estimando parcialmente el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 que le condenó a tres años de inhabilitación al considerarla «desproporcionada».

El juzgado indicó como probado que Hernández no entregó «la documentación solicitada en innumerables peticiones, por lo menos, hasta 26,» por parte del portavoz socialista José Luis Amérigo y que impidió «de forma deliberada y constante» la labor de oposición «al menos desde el 5 de septiembre de 2011 hasta el 10 de junio de 2014». Los mismos que antes se querellaron en varias ocasiones serán ahora sus socios de gobierno.

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