El ruido del voto, una persistente sospecha en las municipales mojaqueras

En Mojácar nadie se lleva las manos a la cabeza cuando se habla de compra de votos por correo. Se ve como algo natural, como una actuación consolidada y tras la que siempre se encuentran los mismos. En esta ocasión, en Mojácar los afectados son los integrantes de la candidatura socialista, en concreto dos de ellos y sus familias. El número 2, Francisco Bartolomé Flores, hijo del exalcalde y exsenador Bartolomé Flores y el número 5, Cristóbal Vizcaíno, empresario de la hostelería crítico con los límites de cierre y control de ruido establecido por la alcaldesa.

Como indican algunos comerciantes de la localidad de la compra de votos se tiene constancia desde hace más de 25 años, pero una cosa es saberlo, apuntar a una o mirar a otro y otra que la Guardia Civil te pille con las manos en la masa, como ha ocurrido. De hecho, la propia regidora, la popular Rosa María Cano, estuvo envuelta en una polémica parecida cuando en las pasadas municipales el cabeza de lista del PSOE, Manuel Zamora, que repite en esta edición, junto con la representante de Somos Mojácar, Jessica Simpson, remitieron un escrito a la Junta Electoral Provincial para reclamar «que envíe los suficientes medios de seguridad y representantes de la Junta Electoral de Zona para que puedan observar que el desarrollo del proceso electoral se ajuste a la legalidad». En su reclamación instaban a investigar hechos «que pudieran ser constitutivos de diversos delitos electorales» que, presuntamente, estaría cometiendo la candidata del PP y también alcaldesa, Cano.

Para sustentar esta acusación argumentaban que Mojácar contaba en 2011 un censo electoral de 4.144 personas, de las cuales ejercieron su derecho al voto en los colegios electorales 2.812, de los que 515 fueron remitidos por correo. En 2015, el censo era de 4.510 electores, y votaron en las urnas 2.990, de los que 448 los llevó el cartero.

Tanto Zamora Como Simpson apuntaban que «hay que señalar que estas avalanchas de votos por correo solamente se producen en las Elecciones Municipales, pero no en las Autonómicas ni en las Generales, en las que el voto por correo es similar a la media nacional, entre un 2% y un 3 %».

Pero lo más alarmante del citado escrito remitido a la Junta Electoral Provincial era que ambos representantes políticas advertían de que habían tenido conocimiento de que la alcaldesa y su equipo de colaboradores podrían, presuntamente, haber prometido y concedido distintos parabienes con el objeto de obtener el voto por correo durante las citas electorales de 2011 y 2015, y que en 2019 estarían realizando promesas de cara a las elecciones consistentes en puestos de trabajo o relaciones comerciales con el Ayuntamiento.

Además, alertaban de que había una grabación en redes sociales en la que la secretaria personal de la alcaldesa hablaba con una vecina y le explicaba cómo ha de entregarle los votos por correo de ella y su familia a cambio de una cita médica y trabajo para un familiar, y que más tarde la propia secretaria se encargaría de enviar por correo, siempre según la versión de Zamora y Simpson.

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