Salvador Hernández se presentará a las elecciones municipales en Carboneras

El juzgado considera que no ha lugar a lo solicitado por el grupo municipal del PSOE, que interesó que se retrasase la fecha de liquidación de condena certificada por el secretario judicial, después de que la Fiscalía señala la conformidad a derecho de la citada liquidación conforme al artículo 983 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

«Nada tiene que alegar contra la liquidación de condena practicada una vez alcanzó firmeza la sentencia condenatoria», traslada el fiscal según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El escrito elevado por los socialistas a primeros de diciembre al juzgado, más de seis meses después de que se iniciase la ejecución de la condena impuesta a Hernández por negar información a la oposición, sostiene que la liquidación «debe efectuarse» una vez se ha procedido a «ratificar en pleno la dimisión y no cuando se presenta» ya que, en su opinión, para que el cese tenga «plena eficacia debe ratificarse y dar cuenta en el pleno».

Según recogía la impugnación, su petición estaría amparada en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), «clara y contundente al asegurar que la renuncia presentada por un concejal es revocable por el mismo en tanto el pleno no la haya aceptado» y que la renuncia será «valida y tendrá todos sus efectos» cuando este «la haya ratificado y aceptado».

El PSOE carbonero, del que partió la denuncia que derivó en la sentencia firme, cuestionaba, así, la fecha calculada por el secretario judicial, que cuenta desde el 18 de abril de 2018 cuando se presentó la dimisión, y pide que se le dé traslado de la liquidación y de la «base probatoria con la que se ha efectuado» al entender que es necesario tomar como fecha de inicio del cumplimiento de condena el 2 de mayo de 2018, fecha en la que se celebró el pleno.

Por su parte, el exregidor, quien ya ha trasladado su intención de liderar de nuevo la candidatura de Gicar a la Alcaldía carboneras, alegó que la sentencia del TC a la que aluden no sería de aplicación en este caso ya que la dimisión se produjo «en virtud de la sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial de Almería y por aplicación de lo prevenido en el artículo 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la ejecución sin dilación de lo ordenado en la sentencia».

«Es evidente que no se trata de que ningún órgano plenario del municipio deba convalidar la renuncia del Alcalde, sino que se está ante la ejecución de sentencia judicial firme y, por tanto, ningún órgano administrativo tenía que convalidad el acto de renuncia que no era sino cumplimiento de sentencia», remarcó.

Hernández precisó que el secretario judicial realizó la liquidación de acuerdo a la sentencia, a la certificación del secretario accidental del Ayuntamiento de Carboneras que daba cuenta de la renuncia con fecha 18 de abril.

«De esta manera y en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia se efectúa liquidación de condena, dando comienzo de la misma el día 18 de abril del corriente, con fecha de extinción el día 17 de abril del próximo año», añadió.

Por último, advirtió de que el PSOE efectúa la solicitud «fuera de todo cauce procesal y sin atender a que de la liquidación de condena practicada el 11 de junio de 2018 se dio traslado al Ministerio Fiscal sin que formulara oposición a la misma».

La Audiencia Provincial de Almería rebajó a un año la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta Hernández (Gicar) estimando parcialmente el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 que le condenó a tres años de inhabilitación al considerarla «desproporcionada».

El juzgado indicó como probado que Hernández no entregó «la documentación solicitada en innumerables peticiones, por lo menos, hasta 26,» por parte del portavoz socialista José Luis Amérigo y que impidió «de forma deliberada y constante» la labor de oposición «al menos desde el 5 de septiembre de 2011 hasta el 10 de junio de 2014».

Hernández no va a ser el primer exalcalde que concurra a las municipales tras cumplir pena de inhabilitación. El Consejo de Ministros concedió en diciembre de 2006 a Cristóbal Fernández (PSOE) el indulto de la pena de inhabilitación para cargo público a la que fue condenado en firme por el Tribunal Supremo (TS) por un delito electoral.

En mayo de 2007, tras presentarse de nuevo como candidato por el PSOE, Fernández ganó las elecciones locales con mayoría absoluta.