Salvemos Mojácar exige la paralización inmediata de la Variante Costera por riesgo ambiental

La solicitud se apoya en un informe pericial de más de cien páginas presentado recientemente, en el que se destacan numerosas irregularidades que, según los expertos, hacen que la aprobación ambiental de esta variante fuera inapropiada desde el inicio, calificando la obra como un atentado ambiental. El documento advierte que la continuación de las obras podría generar daños irreparables y sostiene que procede una suspensión cautelar inmediata por varios motivos.

En primer lugar, existe una clara apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). El informe señala deficiencias sustantivas en la evaluación ambiental, como la ausencia de modelización de conectividad, la infravaloración del efecto borde y la falta de cuantificación de impactos indirectos o sinérgicos. Además, el Plan de Viabilidad Ambiental carece de trazabilidad e indicadores, no se ha realizado ninguna auditoría independiente y se detectan incoherencias con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 2023 y la Declaración Ambiental Estratégica, especialmente en sectores con impactos altos o severos.

Por otro lado, el informe alerta sobre el peligro que supone la demora (periculum in mora). La obra podría causar daños irreparables por la fragmentación funcional del corredor litoral-montaña, afectando hábitats de interés comunitario (HIC 5330 y 6220, y en proximidad 1510) y a especies como la Testudo graeca, conocida como Tortuga Mora, que actualmente se encuentra en periodo de hibernación. Además, la ejecución de la variante antes de la resolución judicial crearía hechos consumados difíciles de revertir.

El análisis también enfatiza la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad y precaución, tal como establece la Ley 21/2013 y la Directiva 92/43/CEE. Ante la incertidumbre significativa y la existencia de alternativas menos lesivas, el informe concluye que es preferible detener la obra y restaurar posibles daños antes que consolidar un impacto ambiental irreversible.

Entre los daños descritos se destacan la fragmentación del corredor litoral-montaña, la afectación a hábitats de interés comunitario y a la fauna en invernada. Además, se cuestiona la justificación del trazado, que según el informe responde únicamente a nuevos desarrollos urbanos y no a necesidades reales de movilidad. Documentos técnicos señalan que la variante se promueve solo para dar servicio a sectores residenciales proyectados, lo cual «no es motivo suficiente» para ejecutar la vía, especialmente cuando deja de cumplir su función original.

El informe también critica graves deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental, señalando la falta de justificación de la viabilidad del trazado frente a otras opciones, la ausencia de estudios exhaustivos sobre impactos, como simulaciones de tráfico futuro, drenajes o estabilidad de taludes, y errores conceptuales que comprometen la fiabilidad de las conclusiones. Además, denuncia que la AAU otorgada por la Junta de Andalucía contraviene informes previos de sus propios técnicos de 2019, y que el cambio de postura administrativa responde a motivos político-económicos más que a nuevos datos técnicos. Según el informe, los intereses económicos se habrían priorizado sobre los ambientales, contradiciendo evaluaciones anteriores que valoraban positivamente el entorno natural.

Por todo ello, la asociación solicita que se revise la AAU y se adopten medidas de restitución ambiental para deshacer los daños, sobre todo los relacionados con la fragmentación de hábitats extremadamente sensibles y ricos en biodiversidad. La suspensión cautelar inmediata de las obras es, según los expertos, imperativa.

Paralelamente, Salvemos Mojácar continúa su ofensiva judicial en cuatro frentes: el recurso contra la Variante Costera, dos contra el PGOU y otro contra la urbanización de Cañada Aguilar. En los próximos días se tramitará la petición de recusación de la jueza María del Mar Jiménez Morera en el recurso contra la Declaración Ambiental Estratégica del PGOU, mientras se prepara el recurso ante el Tribunal Supremo por la sentencia de otro recurso del PGOU, y se espera el nombramiento de perito en el caso de la urbanización de Cañada Aguilar.