Siete millones de euros para echar abajo el edificio de 21 plantas

El plan del Gobierno tiene dos patas. La primera: hacerse con los terrenos. Para ello, el Ejecutivo quiere dividir el trabajo a medias con la Junta. Ellos, el 40% bajo dominio público marítimo-terrestre, lo comprarían por expropiación. El 60% restante, que no viola la Ley de Costas, se lo delega a la Junta de Andalucía, ya sea por expropiación o mediante la ejecución del retracto iniciado hace años y que sigue sin materializarse en los registros.

Una vez con la propiedad de los suelos, el Ejecutivo se ofrece a cumplir el protocolo de 2011, que conlleva la asunción por la parte estatal del coste del derribo, unos siete millones de euros, dijo ayer la ministra Sara Aagesen, responsable de Transición Ecológica. Y por parte de la Junta de Andalucía de los costes de restauración ambiental de los terrenos, judicialmente dictaminados como protegidos y no urbanizables.

La Junta descartó el primer paso, hacerse con la propiedad del suelo, pese a que ya ejecutó el retracto, que está a falta de culminar para que los terrenos sean de su propiedad. Esperan que la revisión de la licencia de obras lleve a la anulación de la misma para poder actuar sin cortapisas. Sin embargo, frente a esta versión está la del Consistorio, que considera que la revisión de la licencia debe hacerse sobre la legalidad existentes en el momento en el que se otorgó, en 2003. Entonces, el PGOU consideraba dichos terrenos urbanizables.

En ese bloqueo –y en la falta de capacidad administrativa de Carboneras, un ayuntamiento de unos 9.000 habitantes, para ejecutar con diligencia los fallos judiciales– se ubica el terreno de juego en el que la situación sigue paralizada.