Tamborada contra los chiringuitos en la playa del Lancón, el 'nuevo Algarrobico' en Carboneras

Bajo el lema 'No + Algarrobicos', los vecinos expresaron su «total rechazo por la ubicación del chiringuito» y, por ello, convocaron además a «la ciudadanía y los medios de comunicación ante el tremendo impacto ambiental que genera esta instalación, tal como alegó en su momento el propio Ayuntamiento de Carboneras en su informe de viabilidad, señalando el impacto visual negativo en el litoral y el perjuicio que implica a la vecindad y a los turistas por ser un foco de suciedad y afectando al uso libre y público de las playas».

Los vecinos denuncian que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha otorgado la concesión de ocupación en la nueva ubicación propuesta para el chiringuito sin que se haya abierto el trámite de información pública. Reclaman, por ende, la paralización inmediata de las obras y que el expediente se reinicie en este trámite, es decir, en la apertura de información pública.

Además del aspecto legal y el evidente obstáculo visual, los vecinos avisan de que este chiringuito de playa supone a los ciudadanos la carga de soportar los ruidos, olores, humo, gases, basuras, depósitos y reparto de mercaderías, así como las lógicas molestias derivadas de la afluencia de público; y avisan de que, en ese punto, se encuentra la salida de aguas pluviales de las comunidades de propietarios.

Por eso, en la tamborada dejaron claro que «como vecinos perjudicados« denuncian »la alteración de la convivencia pacífica de numerosas familias que hace muchos años eligieron esta zona por su belleza y tranquilidad».

Un 'nuevo Algarrobico'

Consideran que esta construcción hostelera podría considerarse un nuevo caso 'Algarrobico', ya que, «aunque tiene la autorización, no han cumplido todos los trámites legales al no presentarlo a información pública».

La historia, recuerdan, parte del año 2016, cuando se solicitó a la Junta de Andalucía la construcción de un chiringuito de playa en la misma zona. «Entonces sí se abrió un periodo de información pública y el Ayuntamiento de Carboneras expresó su rechazo» alegando, tal y como subrayan, que la ocupación es «contraria a los intereses municipales de defensa ambiental y paisajística del frente litoral urbano y en aras de mantener y garantizar el uso público y libre de nuestras playas sin intrusiones paisajísticas ni riesgos de establecimiento de focos de suciedad y que puedan afectar a la viabilidad económica de los números establecimientos de hostelería situados a lo largo del paseo marítimo de Carboneras».

Además, el Ayuntamiento argumentó en su rechazo que «las playas están suficientemente cubiertas respecto de establecimientos expendedores de comidas y bebidas con los numerosos establecimientos de hostelería y restauración existentes en el paseo marítimo de Carboneras, por lo que se podría considerar una nueva competencia en tiempos de escasa afluencia turística».

La Junta de Andalucía, confirman los vecinos que le dio la razón al Ayuntamiento y rechazó la autorización de concesión. «El solicitante presentó posteriormente otro proyecto modificado, pero desplazándolo justo delante de los edificios de las comunidades de propietarios Miramar y Bajel. A pesar de ser más perjudicial para los vecinos y manteniéndose los argumentos que llevaron a la Junta a rechazar la anterior solicitud, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en esta ocasión, sí otorgó la concesión de ocupación en la nueva ubicación propuesta para el chiringuito sin que se haya vuelto a dar dicho trámite de información pública tras esta modificación sustancial de concesión administrativa solicitada», exponen los afectados.

Las comunidades de propietarios Miramar y Bajel reclaman, en este sentido, su derecho a poder alegar en un periodo de exposición pública y, en esta línea, recuerdan que «según el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley«. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, »será de aplicación la correspondiente normativa autonómica».