Técnicos del CSN insisten en que se levante el secreto sobre el plan de limpieza de Palomares

En un comunicado remitido a Europa Press, los técnicos del regulador atómico consideran que el auto dictado en el marco del procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción por la «inacción» del CSN a la hora de ejecutar el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 es «esperanzador» aunque matizan que la desclasificación «debería haberse producido hace mucho tiempo».

Al hilo de esto, remarcan que el «secretismo» en torno a la contaminación con plutonio de 40 hectáreas de terreno ha «tenido consecuencias» derivadas del desconocimiento de la situación por parte de las administraciones, tanto local como autonómica, «que permitieron en los años 80 y 90 remover terrenos contaminados radiológicamente» para la construcción de unas balsas.

«Todo ello agravó más aún la situación radiológica de la zona», sostienen al tiempo de que avisan de que «sin información accesible y transparente no es posible valorar actuaciones que se vayan a realizar en la zona ni conocer si el regulador está realmente actuando para proteger la salud de las personas y del medio ambiente».

Para los técnicos del CSN, la «falta de transparencia» en expedientes como el de Palomares «ha contribuido notablemente a la desconfianza de la sociedad hacia el uso de la energía nuclear», por lo que trasladan su deseo de que el Consejo de Ministros proceda a la desclasificación del expediente.

En su comunicado, hacen referencia y reproducen parte del escrito remitido en diciembre de 2018 a los miembros de la Ponencia encargada de las Relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear de Congreso por la asociación y defendida en sede parlamentaria un mes antes. El citado escrito está incorporado como prueba al procedimiento por el que la Audiencia Nacional debe decidir si ordena al regulador atómico que fije plazos para la limpieza de la zona.

En el citado escrito se remarca la necesidad de se «analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes» para evitar «efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente» y se afirma que «siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años». Añaden que esta debe realizarse «sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EE UU se haga cargo o no de los residuos».

Al hilo de esto, indican que la «evolución» de los «radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241», tiene como consecuencia la «modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años».

Critican en el informe, publicado en su día por Europa Press, que en Palomares se hayan tomado «medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos» y afirman que, si estos «existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada».

Los técnicos señalan que resulta «significativo» que el CSN «conozca» los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que los resultados generales de dichos análisis «que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos».

Apuntan, en esta línea, que el CSN «debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes» y que el Estado «debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos».

Ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el que se realizó en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EE UU y donde las actuaciones de restauración y limpieza «se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada».

«Cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente», remarcan.

Los técnicos del CSN, que manifiestan que Palomares es un «problema de Estado», consideran que es el pleno quien debe «instar y supervisar» al Ciemat a aplicar el plan de restauración aprobado por el propio CSN y que, en caso de que el Ciemat no pueda o no quiera realizar esa tarea, el Gobierno «deberá tomar las medidas necesarias para que Enresa asuma la titularidad de los terrenos y ponga en marcha un plan de limpieza y restauración».