Antas deberá pagar casi tres millones por el caso Spancrete

El alcalde de la localidad, Pedro Ridao Zamora (PSOE), ha convocado una rueda de prensa esta tarde para explicar en detalle cuál es la situación del Consistorio tras la resolución del Supremo. El equipo de gobierno asegura que defenderá la «inembargabilidad de los bienes del Ayuntamiento afectos a la prestación de servicios públicos». Además, Ridao ha afirmado que iniciarán conversaciones con las empresas beneficiarias de las resoluciones que condenan al Ayuntamiento de cara a obtener una resolución consnsuada del conflicto».

Otra de las medidas que llevarán a cabo será la puesta en valor de la finca en cuestión para minimizar el problema económico puesto que «hoy se encuentra abandonada, suponiendo un riesgos de accidentes».

El alcalde ha asegurado que su equipo de gobierno está «trabajando en cumplir las obligaciones judiciales de manera que perjudique lo mínimo a las finanzas del Consistorio, a sus servicios y a los impuestos que pagan los vecinos y vecinas de Antas». Del mismo modo que afirmó que «haremos todo lo posible para que nuestros vecinos sufranlo menos posible las consecuencias de esta noticia».

En cuanto a la actuación del grupo socialista que gobernaba en el año 2000 en cuanto a la venta de los terrenos, el actual equipo ha afirmado «no estar de acuerdo ya que pese a los 30 puestos de empleo que generó, el proyecto no salió bien por cuestiones formales».

El origen del conflicto se remonta a principios del año 2000 cuando el Consistorio, gobernado en aquel momento por el partido socialista, vendió unos terrenos ubicados en el 'Caballón y Campo de la Ballabona'. Siete años más tarde el Partido Popular demandó al Ayuntamiento impugnando el acuerdo del pleno , según el alcelde «siendo conscientes del grave problema económico que causaría al Ayutnamiento». El 25 de febrero de 2010 el Pleno del Ayuntamiento de Antas acuerda, con 4 votos del PP y 1 del andalucista, anular los actos administrativos vinculados a la venta de la finca.

Según ha dictaminado la el Tribunal Supremo, no cumplió con todos los requisitos correspondientes en este tipo de operaciones, encontrándose defectos de forma durante el procedimiento de compra-venta de estos terrenos comunales. Por este motivo el Ayuntamiento de Antas debe afrontar el pago de 1.527.746,7 euros más los correspondientes intereses legales, costas y gastos judiciales o enfrentarse a laejecución forzosa, con embargo de bienes y derechos. El pago de esta cantidad, «supondría la quiebra total del Ayuntamiento, por lo cual, no podrían pagarse nóminas, ni a proveedores, por lo que no podríamos prestar servicios públicos esenciales para los vecinos de Antas».

.