TSJA abre pieza separada para recusar a una de las magistradas que decide sobre Algarrobico

Salvemos Mojácar presentó incidente de recusación contra ella por, entre otras alegaciones, actuar «junto al abogado del Ayuntamiento» en el dictado de una sentencia en 2014 «opuesta» a sus intereses y en la que se declaró que el paraje era área urbanizable.

En una diligencia de ordenación, la sala de lo Contencioso-administrativo señala que la magistrada recusada es la ponente y ordena una pieza separada tras no aceptar inhibirse para «acordar lo que proceda», según ha indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

El incidente de recusación de Salvemos Mojácar solicita que se acuerde nombrar a un nuevo magistrado ponente para ejecutar el fallo que obliga al consistorio a calificar El Algarrobico de «especial protección» y por el que está apercibido desde hace casi un año con multa coercitiva y denuncia ante el Ministerio Fiscal el alcalde en funciones de Carboneras, José Luis Amérigo (PSOE).

Argumenta Salvemos Mojácar que la magistrada dictó la sentencia de la misma sala que, en 2014, estimó un recurso de la promotora del hotel para concluir que el suelo era zona 'D' o área urbanizable de acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, y remarca que lo hizo junto a un ex magistrado del TSJA y ahora «letrado del Ayuntamiento».

Sostiene que la citada sentencia es «opuesta» a la que ahora está ejecutando como ponente y que califica El Algarrobico como no urbanizable dado su valor medioambiental, por lo que su presencia supondría vulnerar su derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.

La organización conservacionista apunta, asimismo, como causa de recusación que la magistrada «tiene un interés directo e indirecto en el pleito» ya que en su día acordó que «los terrenos eran urbanizables» y dictó una sentencia «contraria» a su «intereses».

Concluye, asimismo, para que la magistrada contra la que presenta el recurso ya tenía un previo «conocimiento del objeto del pleito» que ahora está ejecutando como ponente y que, por tanto, «se había formado un criterio muy concreto».

El Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) ya remitió en abril una queja, en este caso de Ecologistas en Acción, por «inacción» respecto a la ejecución de las sentencias firmes sobre El Algarrobico al TSJA, aunque rechazó la adopción de medidas ya que afectarían a la «función jurisdiccional» de los magistrados en sus «decisiones procesales».

El CGPJ limitó su actuación a «poner en conocimiento» de ambos tribunales la queja y declinó pronunciarse sobre las referencias del colectivo ecologista a la «contratación» por parte del Ayuntamiento de Carboneras para «su defensa» de un exmagistrado del TSJA en excedencia que fue el que «intervino» en un fallo favorable al hotel de Azata.

Los últimos hitos en la ejecución de una de las sentencias referentes al hotel de Azata es que Greenpeace ha advertido al TSJA de que la declasificación del suelo que se aprobó en el pleno de Carboneras el pasado 26 de abril «es nula», mientras que la sala dio un ultimátum al alcalde bajo el apercibimiento de multas coercitivas de 700 euros cada 20 días y denuncia al Ministerio Fiscal por un presunto delito de desobediencia, si bien los primeros avisos se remontan a julio de 2022.