El TSJA da diez días a Carboneras para certificar que el Algarrobico es «no urbanizable» en su PGOU

En un auto, consultado por Europa Press, la sala requiere al Consistorio carbonero el contenido del instrumento de planeamiento «vigente» en «aquello que sea expresivo del debido cumplimiento» de la resolución judicial, que es firme desde 2018, pero desestima el recurso de reposición contra su decisión de no multar al alcalde del municipio que presentó Greenpeace, y al que se adhirieron Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, ya que consideran que no se ha ejecutado la sentencia.

El TSJA reitera sus argumentos y sostiene para desestimar el recurso de los colectivos conservacionistas que «no ha sido declarada la nulidad» de la «mera actuación formal» realizada por el Ayuntamiento, en alusión al acuerdo de pleno de abril de 2023 por el que se desclasificaba como urbanizable el sector ST-1 o Algarrobico.

Añade que cualquier «alegato de incumplimiento que se plantee ahora» habría de estar referido, «en su caso, al contenido del planeamiento actualmente vigente» en Carboneras, por lo que resuelve requerir al Ayuntamiento que le aporte certificación del mismo en lo que se refiere al suelo sobre el que se alza el hotel de Azata.

Por contra, los colectivos ecologistas mantienen que el TSJA sí «anuló» en un auto dictado el pasado mes de marzo el acuerdo del pleno municipal «que simulaba haber cumplido la sentencia sin haberlo hecho» y consideran que citado pleno «fue una maniobra dilatoria más para eludir la modificación del PGOU».

Alegan que, dada la «renuente actitud» del Ayuntamiento de Carboneras, «adoptando incluso un acuerdo plenario para eludir el correcto cumplimiento de la sentencia», procede multar al alcalde «por la cantidad exacta de 700 euros cada 20 días» u otra «medida coercitiva» que le obligue a ejecutar el fallo que blinda el Algarrobico ante el desarrollo urbanístico.

El TSJA rechazó en una resolución de 15 de abril sancionar al regidor carbonero argumentando que se había declarado la nulidad «solo» de la parte resolutiva de este acuerdo de pleno, y «no» de la «mera actuación formal» del Ayuntamiento en el instrumento urbanístico «realizada a propósito de la sentencia» que debe ejecutar.

Entendió que, con la convocatoria de ese pleno, se atendieron los requerimientos que se hicieron al alcalde para que actuase en pos de dar cumplimiento al fallo.

No obstante, en el auto que anuló el acuerdo de pleno que modificaba el PGOU, la sala sí apuntó que había sido la «intención» del Ayuntamiento «eludir» ese cumplimiento y remarcó que la «forma» en la que se había hecho y su «contenido» suponían un «significativo y sustancial quebranto» de los pronunciamientos de la sentencia que declara no urbanizable el Algarrobico y «un desmán».

Para rechazar que proceda multar al alcalde de Carboneras, cargo que actualmente ocupa Salvador Hernández (Cs) tras una moción de censura contra Felipe Cayuela (PP), afirmó que «argumentación» de Greenpeace para pedirlo «no es útil».

Greenpeace sostiene que, al anularse a instancia de la Junta andaluza el acuerdo de pleno de abril de 2023, «se ha vuelto a la situación de ilicitud» ya que, «a fecha de hoy, los terrenos del Algarrobico han vuelto a clasificarse como urbanizables en la normativa urbanística municipal».

El Gobierno andaluz, por contra, mantiene que, tras la anulación de lo que consideró un «subterfugio» para «obstaculizar la demolición del hotel» de Azata del Sol, el suelo «no era ni es urbanizable» y considera que «así ha quedado reflejado el PGOU» de Carboneras.

Paralelamente a la petición de multa al alcalde de Carboneras, Greenpeace ha solicitado la suspensión de la ejecución de otra sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia municipal de obras y cuya revocación facilitaría la demolición del hotel.

El TSJA había dado un mes para que se iniciase el procedimiento por parte del consistorio, aunque el cambio en el gobierno municipal ha prorrogado los plazos.

El colectivo conservacionista quiere «evitar» que el Ayuntamiento de Carboneras, «aprovechando que los terrenos han vuelto a ser urbanizables», tramite el expediente y concluya «que no se puede anular la licencia de obras debido a que en el PGOU El Algarrobico es urbanizable» y remarca que Azata, consistorio y Junta «ya utilizaron este mismo argumento en otros pleitos».

Para Greenpeace, el «único método» que ha dado resultado hasta ahora para que el Ayuntamiento «cumpla» las sentencias «ha sido la posibilidad de adoptar medidas coactivas contra el alcalde» del municipio.

EP