El TSJA multará con 250 euros semanales al alcalde de Carboneras si sigue incumpliendo las sentencias de El Algarrobico

La providencia, de 8 de julio y consultada por Europa Press, requiere «personalmente» a Amérigo (PSOE) ya que la sala considera que «no ha sido cumplida» la resolución de mayo en la que reclamó «certificación» municipal en la que se «hiciera constar» si ambos sectores urbanísticos «figuran o no» en el PGOU como suelo no urbanizable, y si se ha procedido o no «a la anulación y al archivo definitivo de ambos sectores».

El alto tribunal acuerda da trámite de alegaciones al alcalde carbonero para que, en el plazo de diez días, «pueda manifestar lo que tenga conveniente» sobre la «posibilidad» de que le sea impuesta «multa coercitiva de 250 euros cada semana hasta dar perfecto cumplimiento» a la citada resolución.

La providencia de 16 de mayo se dictó en el marco de la ejecución de la sentencia de 2016 que concluyó que los parajes del Algarrobico, donde se levanta el polémico hotel de Azata del Sol y el Canillar, también propiedad de la promotora, son «suelo no urbanizable de especial protección» de acuerdo a la normativa ambiental que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El TSJA se reserva, asimismo, la posibilidad de deducir testimonio de particulares «para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder» por esta actuación.

Greenpeace ya advirtió en septiembre de 2021 al Alto tribunal andaluz de que la modificación del planeamiento urbanístico de Carboneras (Almería) que califica El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección y que aparecía publicada en el BOP no tenía «valor alguno», y subrayó que se trataba de una «maniobra municipal» para «eludir» la acción de la justicia.

Recordó que la sala requirió al ayuntamiento para que anulase los sectores urbanísticos ST-1, donde se asiente el hotel de Azata del Sol, y ST-2 o El Canillar, y que lo que se publicó en BOP fue una «dación de cuentas» de la citada modificación que, sin embargo, no había sido «aprobada provisionalmente por el pleno» de la corporación local, requisito para que pueda ser inscrita en el Registro General de Planeamiento de la Junta de Andalucía. .

Greenpeace interesó, asimismo, al TSJA que apercibiese al actual alcalde de que podía incurrir en «desobediencia» sino cumplía «en sus debidos términos» la modificación del PGOU que ordenaba la sala y remarcó que el Ayuntamiento de Carboneras« no había cumplido hasta la fecha ni una sola de las numerosísimas resoluciones judiciales que se han producido en torno al hotel, postura que es inadmisible en un estado de derecho y merece ser reprochada penalmente».

En el edicto publicado en BOP el 16 de septiembre de 2021, el Ayuntamiento refiere el pleno extraordinario que se celebró en enero en el que la corporación local «tomo conocimiento» de esta modificación de la normativa urbanística y en el que se dio cuenta de que se había remitido el expediente completo a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Almería «por ser el órgano competente para su aprobación definitiva e inscripción en el Registro de Planeamiento».

En un comunicado, el alcalde de Carboneras consideró que la publicación en BOP mostraba «la total colaboración» del ayuntamiento «para cumplir lo dictado por la justicia» y trasladaba «la plena colaboración que mantiene y mantendrá el gobierno municipal en este asunto».