El TSJA hace una «última» advertencia sobre el Algarrobico a Carboneras, que convocará un pleno

En concreto, el Consistorio ha trasladado al TSJA su intención de convocar «a la mayor brevedad» una sesión «extraordinaria y urgente» con la intención de «atender al requerimiento» hecho por el órgano judicial y poder aportar el certificado solicitado.

En su escrito, consultado por Europa Press, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), da cuenta de la «intención» municipal de dar respuesta a las peticiones de la Sala, que le apercibió con acudir a la Fiscalía ante la presunta comisión de un delito de «desobediencia» por no haber atendido a sus dos últimos requerimientos efectuados en mayo y junio de este año.

Así, y pese a este anuncio por parte del Ayuntamiento, la Sala hace por tercera vez una «última», «expresa» y «destacada» advertencia al alcalde para que responda al requerimiento «que sigue sin cumplir» y «aporte certificación del contenido del instrumento de planeamiento vigente» que demuestre que el sector ST-1 conocido como Algarrobico y el sector ST-2, el Canillar, figuran en el PGOU como «suelo no urbanizable».

Asimismo, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, se insta al resto de las partes a presentar en un máximo de diez días las consideraciones que consideren oportunas ya que, en base a dichas observaciones y a la respuesta municipal, se determinará «sin dilación alguna» si se da cuenta al Ministerio Fiscal de la posible «desobediencia».

El primer edil ha indicado que ya dispone de los servicios de funcionarios y personal municipal con los que emitir el certificado urbanístico que le reclama el alto tribunal andaluz para determinar la calificación de los terrenos, por lo que «tras la inmediata incorporación» del técnico se convocará un pleno para adoptar el acuerdo solicitado.

«Teniendo en cuenta que ese acuerdo es determinante para la instrucción del procedimiento de revisión de oficio pretendido, acto seguido a la adopción del acuerdo plenario, se procederá a la incoación del procedimiento de revisión de oficio ordenado en sentencia, modificación del planeamiento y posterior envío de la certificación solicitada», avanza el Ayuntamiento.

De este modo, pone en conocimiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo que el pasado 2 de julio firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Garrucha para poder contar con el funcionario «que podrá emitir los informes necesarios».

En este sentido, el primer edil carbonero asegura que dicho funcionario podrá expedir el certificado urbanístico «correspondiente al cambio operado en la clasificación del suelo en el planeamiento general municipal, en ejecución de sentencia» que obligaba a desclasificar el sector ST-1 o Algarrobico como suelo urbanizable «con las garantías exigidas para el ejercicio de las funciones públicas».

Respuesta municipal fuera de plazo

La respuesta municipal llega fuera del plazo brindado por el TSJA para contestar a los requerimientos hechos por la Sala, por lo que Greenpeace ya instó al TSJA a dar traslado a la Fiscalía por haber desatendido en dos ocasiones los requerimientos encaminados a aportar «certificación» de que el PGOU en vigor «cumple debidamente» la sentencia que le obliga a calificar el paraje de El Algarrobico como «suelo no urbanizable» y «de especial protección».

La asociación ecologista daba cuenta así del doble incumplimiento de los requerimientos hechos el pasado 8 de mayo y 10 de junio al alcalde de Carboneras e incidía en que había vencido el segundo plazo concedido al Ayuntamiento para aportar el instrumento de planeamiento vigente con el que acreditar que la protección del suelo fue restituida.

Recalcaba así la entidad conservacionista que la tramitación de la pieza destinada a dar cumplimiento a la sentencia y conseguir que el Algarrobico figure como «no urbanizable» en el plan general de Carboneras acumula «tres años de tramitación» y sigue «exactamente igual que en 2021».

En este sentido, vuelven a solicitar la «ejecución forzosa» de la sentencia de 2016 que le obliga a restituir la legalidad de los suelos protegidos tanto en el sector de El Algarrobico o ST-1 como en el Canillar (ST-2), ambos en el municipio.