Vecinos de Mojácar protestan contra los abusos de empresas de alquiler vacacional

Los vecinos de la comunidad Mirador del Mar en Mojácar se encuentran en pie de guerra con tres empresas de alquiler vacacional, propietarias de casi 80 viviendas de esta comunidad. Una guerra por la «privatización de las zonas comunes por parte de los empresarios, que han instalado llaves magnéticas que solo entregan a sus huéspedes», aseguran los vecinos afectados.

Por este motivo, los propietarios, que han visto negado el acceso a la piscina y a otras zonas comunes, se han manifestado esta mañana para protestar en contra del «golpe de estado» que aseguran estar viviendo en su comunidad.

Los hechos se remontan al año 2018 cuando tras divisar una fuga de agua en la piscina, la comunidad decidió cerrarla debido a las «astronómicas facturas del agua» a las que deberían hacer frente si continuaba abierta. En una junta celebrada el 31 de agosto de ese mismo año, las tres empresas de alquileres turísticos consultaron la posibilidad de «mantener la piscina abierta hasta el final de temporada» haciéndose cargo, las empresas, del pago de las facturas. Con el final del verano nadie hizo frente al pago de las facturas, quedando los vecinos con «miles de euros en deuda y sin poder hacer el trabajo importante necesario para arreglar la piscina».

Por su parte, las tres empresas de alquileres turísticos solicitaron el cambio de presidente de la comunidad y propusieron como candidato al administrador de una de las empresas sin obtener éxito alguno. Ya en el 2019 estas tres empresas constituyeron su propia comunidad sin ninguna votación y según aseguran los propietarios, «obtuvieron los datos personales de los propietarios para cobrarles la comunidad, sin previa autorización».

Los propietarios, al considerar esta nueva comunidad como ilegal, según lo expuesto en Ley de Propiedad Horizontal, no han realizado el pago que les exigen, motivo por el cual se les niegan el uso de las zonas comunes. Para estos vecinos «es ilegal cerrar una propiedad común alegando que no hemos pagado sus cuotas».

Los residentes han interpuesto acciones judiciales para defenderse de atropellos y solicitan el amparo de las administraciones ante la indefensión en la que se encuentran 33 familias. «Han colocado un empleado a sueldo para impedirnos el paso», aseguran los vecinos.