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Marcos Tárraga
Vera
Martes, 22 de febrero 2022, 00:10
El ayuntamiento de Vera se ha propuesta acabar con la ocupación ilegal de viviendas en el municipio, «una problemática» que, a juicio del regidor, José Carmelo Jorge, «se viene sufriendo durante los últimos años, y que se ha convertido en un problema de orden público, generando una creciente alarma social por el incremento de este tipo de prácticas». De hecho, Jorge las cifró en unas «100 ocupaciones, según datos orientativos de los que dispone el consistorio». Por eso, Vera, un municipio eminentemente de segunda residencia, ha lanzado AlertaOkupa, una aplicación desarrollada por el consistorio para hacer frente a este fenómeno y promover la colaboración ciudadana con la administración local, minimizando el impacto de lo que son los primeros inconvenientes, y aportando un contenido de gran valor para los expedientes de ocupación ilegal de viviendas.
A través de esta herramienta, los vecinos que son testigos de cualquier situación relacionada con la ocupación pueden transmitir una alerta de manera anónima a la administración aportando datos muy valiosos, garantizando la confidencialidad de los mismos y convirtiéndose, así, en alertadores anónimos contra la ocupación. Estos datos son de inmediato conocimiento por todas las áreas de la Administración Local competentes en materia de ocupación ilegal (Urbanismo, Policía, Servicios Sociales y Obras y Servicios), pudiendo aportarse contenido multimedia como fotos, vídeos o audios. El personal administrativo, por su parte, gracias al gestor de expedientes de AlertaOkupa, podrá activar el protocolo de actuación y trabajar de manera coordinada con las distintas áreas municipales en todas las alertas generadas por los vecinos, así como en las creadas de oficio.
Jorge Blanco estuvo acompañado durante la presentación por Nicolás Pons, responsable de Help to Comply, empresa encargada de desarrollar la aplicación y una de las compañías nacionales referentes en la creación y desarrollo de herramientas digitales de situaciones conflictuales, tales como violencia de género, bullying o acoso. «Desde el consistorio se están tomando todas las medidas que permite la ley, dentro de las competencias municipales, para actuar contra la ocupación ilegal de viviendas que está proliferando», dijo.
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