Zamora: «Si por defender los intereses de mi pueblo me querellan doscientas veces, que me querellen»

Gestimur, perteneciente al Grupo Torralba, solicita a la Comunidad de Regantes de Antas 1'3 millones de euros por unos trabajos realizados en una finca perteneciente a la Comunidad de Regantes. En marzo de 2018 Gestimur realizó una oferta a la SAT para alquilar el terreno, ubicado en la Ballabona, y que llevaba 20 años sin utilizarse.

Según los regantes, una vez que el proyecto fue aprobado por la Asamblea General, la empresa modifica las condiciones del contrato. De un contrato de 30 años de arrendamiento pasaba a ser de 30 prorrogables a otros 30, es decir, 60 años de arrendamiento, así como no hacerse cargo de las diferentes obras que realizarían en la finca, unas condiciones con las que la Asamblea no estaba de acuerdo.

«Al presentar ese segundo contrato nosotros nos negamos a firmarlo porque no podiamos tomar ninguna decisión si los socios no estaban de acuerdo», pero Ginés Pérez, quien en aquel momento era Concejal de Obras en el ayuntamiento y miembro de la Junta Rectora, «le dio permiso a la empresa para empezar a trabajar en la finca, sin el consentimiento de los otros miembros de la Junta Rectora que no se enteraron hasta que empiezan a trabajar en la tierra» ha explicado Zamora.

Una vez que fueron conocedores de que la empresa había comenzado a trabajar en las tierras llamaron a la Guardia Civil para que detuvieran las obras. Además acudieron al Ayuntamiento a conocer si existía licencia de obras, «cuando vimos que no existía esa licencia se detuvieron las obras».

El alcalde de Antas ya no pertenece al grupo de regantes en el que ejercía como tesorero a declarado que no estuvo presente en ninguna reunión de la SAT con Torralba, porque «se hacían por las mañanas y yo trabajaba». Aún así, »esta querella es por defender a los 645 socios de Antas y si es por defender los derechos de mis vecinos, que me pongan doscientas querellas si quieren«.

Zamora se ha mostrado positivo tras la jornada y tanto él como los miembros de la Junta Rectora del SAT confían en que la causa sea archivada.