El Algarrobico, 20 años desde su paralización: una licencia aún vigente y una expropiación parcial en ciernes

Una expropiación todavía incipiente y una licencia con visos de ser anulada son las dos principales vías que avanzan en paralelo y a pasos cortos con el objetivo de alcanzar el derribo de un edificio, convertido en símbolo de la especulación urbanística, que pasó de ser el «sueño de Carboneras» a una «pesadilla», en palabras de su actual alcalde, Salvador Hernández, de la que no despierta.

Cuando apenas restaban dos meses para abrir el establecimiento y dar la bienvenida a la temporada de Semana Santa, el juez Jesús Rivera ordenó paralizar los trabajos a petición del colectivo conservacionista Salvemos Mojácar con una resolución que adelantaba cuáles serían los puntos críticos de la posterior maraña judicial de la que emanaron una quincena de sentencias y decenas de autos.

La asociación, a la que se unió Greenpeace y Ecologistas en Acción, advertía de que esa mole blanca a base de hormigón, ejecutada ya al 95 por ciento, se erigía sobre terrenos protegidos y además se adentraba en la playa hasta invadir la zona de servidumbre de protección de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre. Con los años, la justicia les ha dado la razón.

La cuestión urbanística quedó zanjada esta misma semana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio por cumplida la sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a modificar su plan de ordenación y reconocer los suelos como no urbanizables de especial protección.

La Sala decretó el archivo definitivo de las actuaciones el 16 de febrero tras constatar que el Consistorio había publicado el 12 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el acuerdo por el que la calificación de los terrenos de los sectores ST-1 de El Algarrobico y ST-2 de El Canillar volvían a su estado original al menos sobre el papel, lo que impide iniciar nuevas construcciones y avanzar en las existentes.

Una revisión que no llega

No obstante, tras el paso de 3.700 días después de aquel primer auto, el inmueble sigue en pie y las actuaciones están abiertas para intentar hacer cumplir otra sentencia clave: la que obliga al Ayuntamiento a revisar la licencia de construcción que le concedió a la promotora Azata del Sol el 13 de enero de 2003 ante su aparente «ilegalidad», principalmente por vulnerar la Ley de Costas.

Aunque se trata de la vía predilecta de la Junta de Andalucía para acceder a la demolición del inmueble, los colectivos ecologistas ha criticado en diversas ocasiones las «artimañas» usadas por el Consistorio para demorar --ya van más de tres años-- una actuación que dejaría la puerta abierta a iniciar el expediente de demolición pero también a posibles reclamaciones millonarias por parte de la promotora. Azata ya mantiene una causa abierta ante una eventual responsabilidad patrimonial.

Bajo diversos apremios, con amenazas de multas e incluso de acudir a la vía penal por desobediencia, el Ayuntamiento de Carboneras inició el pasado 11 de julio el expediente de revisión del permiso municipal mediante un acuerdo de pleno, aunque no fue hasta el 7 de diciembre cuando lo remitió al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) dentro de los trámites preceptivos aunque «incompleto», lo que paralizó la tramitación.

Greenpeace, que esta semana reclamaba otra vez multas para el primer edil, da por caduco el expediente al haber transcurrido más de seis meses de su inicio, lo que obligaría a volver a iniciar todos los trámites administrativos, lo que interpretan como una táctica municipal para aparentar un cumplimiento del fallo que, en la práctica, no llega al dejar que venzan los plazos.

El Gobierno pasa a la acción

De forma paralela a la actividad municipal, el Gobierno central ha decidido emprender una vía unilateral destinada a hacerse mediante expropiación con los suelos del hotel, en concreto, con casi la mitad de ellos, ya que es la parte sobre la que ostenta competencias al situarse sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Fue la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien a pie del hotel anunció el 12 de febrero de 2025 el plan para expropiar parcialmente los suelos como una vía más rápida con la que recuperar el paraje. Sus cálculos iniciales fueron de cinco meses, si bien el proceso se ha trabado y ha acabado también en los tribunales.

Si bien el TSJA rechazó las medidas cautelares solicitadas por Azata para frenar el proceso de expropiación forzosa, la cuestión de fondo se mantiene abierta mientras la Sala recaba expedientes antes de decidir sobre la validez del procedimiento.

De forma paralela, las gestiones avanzan para que sea un jurado provincial de expropiación el que fije la cantidad con la compensar los terrenos ante el abismo económico que separa al Ministerio para la Transición Ecológica, que ofreció a la empresa 16.500 euros, y a la propia Azata, que reclamó 44,5 millones de euros por los suelos.

El Gobierno, que ha solicitado a la Junta de Andalucía que se sume a este procedimiento en reiteradas ocasiones, espera poder hacerse con la parte afectada por servidumbre de protección, que estima en unos 16.432 metros cuadrados, siendo la superficie total que ocupa el hotel, según catastro, de 32.654 metros cuadrados.

La otra mitad del hotel se asienta en suelos protegidos, ya declarados como no urbanizables, del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sobre los que la Junta de Andalucía tiene competencias y sobre los que, en su caso, no se ha iniciado ningún procedimiento, si bien la Administración andaluza ya tanteó su derecho de retracto años atrás.

La maraña jurídico-administrativa, las expropiaciones en curso y el baile de cifras millonarias mantienen mientras tanto vivo uno de los hoteles más famosos de España sin que haya recibido a un solo huésped a la espera de que una resolución definitiva determine si debe --y cómo-- ser reducido a escombros para despejar el paisaje del enclave paradisíaco de la costa almeriense.