El Ayuntamiento de Garrucha advierte de una posible «catástrofe financiera» tras la última resolución judicial sobre el servicio de agua

En un comunicado municipal, el consistorio sostiene que el fallo judicial «confirma lo que este equipo de gobierno ha venido denunciando durante años: el concurso público realizado bajo el mandato de la exalcaldesa María López Cervantes (PSOE) fue un despropósito, lleno de irregularidades, incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público y vulnerando los principios de transparencia y legalidad».

Según el Ayuntamiento, la adjudicación a la UTE Aguas de Garrucha en aquel momento permitió al gobierno local de entonces ingresar de manera inmediata 4 millones de euros, «hipotecando con ello el futuro del municipio». La resolución actual, explican, podría obligar no solo a devolver dicha cantidad a la empresa concesionaria, sino también a indemnizar por los beneficios, inversiones y lucro cesante de los 25 años de concesión.

El comunicado califica este escenario como una posible «catástrofe financiera» que «dejaría sin recursos a las arcas municipales durante décadas». Asimismo, el gobierno local recuerda que en el proceso de adjudicación se sucedieron «varios intentos fallidos, plagados de alegaciones y repeticiones», lo que a su juicio evidencia «una gestión dañina» de la entonces alcaldesa socialista.

El Ayuntamiento asegura que la justicia «vuelve a dar la razón a las empresas que denunciaron esas irregularidades, como Amedida, al reconocer que el concurso carecía de cumplimiento legal». Como consecuencia, apunta, Garrucha se ve «arrastrada a una situación crítica por culpa de una mala gestión pasada».

Por último, el gobierno municipal afirma que «reiteramos nuestro firme compromiso de defender hasta el final los intereses de los vecinos, adoptando todas las medidas legales necesarias para evitar que los errores del pasado condenen a Garrucha para siempre».