La defensa del acusado de matar al niño de Garrucha pide la anulación del registro de la vivienda

El abogado defensor del investigado, Manuel Martínez Amate, ha pedido al juez instructor que excluyan de la causa las 17 evidencias, efectos e indicios que se recogieron en las estancias comunes y, sobre todo, la habitación compartida de la vivienda.

El registro en el domicilio tuvo lugar sobre las 17.15 horas de la tarde del 4 de diciembre con la única presencia de la madre del menor, la también investigada Barbar B.O, así como su abogada. Es por ello que el despacho MCHM Abogados pide que también se anulen las referencias que obren en los informes periciales sobre dicho registro, al entender que se han obtenido «con vulneración de derechos fundamentales».

Alega el letrado en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que el registro domiciliario debe hacerse en presencia del interesado o la persona que legítimamente le represente, lo que, según ha asegurado, no ha tenido lugar en este caso pese a que, en el momento de darse, el investigado ya se encontraba arrestado por la Guardia Civil.

En esta línea, si bien admite que la madre del niño estaba presente en la vivienda junto a su letrada cuando se efectuó la exploración de la misma, advierte que existe una «evidente colisión de intereses y estrategias de defensa entre los co-investigados».

«Pese a su situación de privación de libertad, no fue trasladado ni requerido para estar presente en el registro de su propio domicilio, ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a dicho derecho», expone el abogado antes de recordar que la línea de defensa de la madre del menor es «incompatible» con la de su pareja sentimental, de modo que su ausencia en el registro le generaría una «indefensión material absoluta».

Para el letrado se hace necesaria la anulación del registro especialmente después de que el instructor haya dictado, según anuncia, un auto de inhibición a favor del juzgado con competencias en violencia sobre la mujer para instruir parte de la causa, lo que es una «prueba irrefutable» de la «incompatibilidad» entre las estrategias de defensa de su representado y la madre del menor.

«Existe un conflicto de intereses insalvable», recalca a la ahora de apuntar que sería «jurídicamente insostenible» que una supuesta «víctima» de violencia de género pudiera «garantizar los derechos constitucionales del presunto agresor» debido a que hay una «contraposición de intereses manifiesta».

Traslado a Albolote

Cabe recordar que el investigado, que permanece en prisión provisional por esta causa ante un presunto delito de asesinato, ha sido trasladado recientemente desde el centro penitenciario de El Acebuche en Almería hasta la cárcel de Albolote, en Granada, después de que se presentara un escrito de solicitud de protección al temer por la integridad física del recluso.

La representación legal del presunto asesino de Lucas aseguró en un escrito presentado el pasado 22 de diciembre que durante la estancia en el módulo 11 del investigado fue «objeto de amenazas de muerte directas» e incluso un «intento de agresión multitudinaria» que «no llegó a consumarse» por la intervención de otro reo.

Así, pese a que fue reubicado en un nuevo módulo, para la defensa la medida se mostró «insuficiente» e «ineficaz», al estar expuesto a la población reclusa que «conoce su identidad» así como «los hechos que se le imputan» por el momento, entre los que también está una supuesta agresión sexual al niño.

En este sentido, desde el órgano de Instituciones Penitenciarias se acordó el traslado a otra prisión cercana del investigado, que fue derivado a Granada.