Denuncian al SAS por homicidio tras privar a un anciano de Garrucha de tratamiento contra un cáncer de mama

Como informa el bufete en un comunicado, el paciente era natural de Garrucha y fue diagnosticado en 2005 de un carcinoma de mama izquierdo, tratado quirúrgicamente en Madrid, donde residía, mediante mastectomía y vaciamiento axilar. El tumor fue de tipo hormonodependiente, como es habitual en los casos de cáncer de mama masculino.

En contexto, tras su jubilación en 2011 el paciente se trasladó definitivamente a Garrucha, y quedó adscrito al Servicio Andaluz de Salud, donde fue atendido por su médico de cabecera por patologías menores, sin seguimiento oncológico ni realización de pruebas de control pese a sus antecedentes.

Tras ello, en octubre de 2024 fue ingresado en el Hospital Comarcal de Huércal-Overa por un cuadro de malestar general y cistitis persistente, detectándose un derrame pleural masivo derecho, mientras que la asistencia médica prestada incurrió en graves omisiones, ya que no se realizó diagnóstico diferencial adecuado pese a antecedentes oncológicos claros, o no se se solicitó valoración por Oncología ni comité multidisciplinar, incumpliendo los protocolos asistenciales.

Además, el bufete asegura que se descartó erróneamente una reaparición del cáncer de mama, atribuyendo el cuadro a un presunto cáncer de pulmón no confirmado, se privó al paciente de la posibilidad de recibir tratamiento hormonal paliativo, que podría haber ralentizado la progresión metastásica y prolongado su supervivencia, e incluso se extravió la muestra de líquido pleural que le fue extraído, lo que impidió confirmar el diagnóstico metastásico.

Finalmente, el paciente murió el 25 de julio de 2025, y su familia ha decidido iniciar un proceso legal contra la Junta de Andalucía, a la que considera responsable de un mal seguimiento de su enfermedad, ya que, «aunque por edad no estaba incluido en el programa de cribado de cáncer de mama, el Servicio Andaluz de Salud tenía la obligación de atenderle de por vida debido a los antecedentes que arrastraba desde 2005».

Para José Antonio Sires, en estos hechos tiene encaje legal un posible delito de homicidio imprudente por omisión del artículo 142 del Código Penal, dado que la muerte deriva de la omisión de un deber y existe causalidad entre la omisión y el fallecimiento.

Además, se dan un delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios del artículo 196 del Código Penal, dado que quien tenía obligación legal de prestar servicios sanitarios no lo hizo, aunque tenía conocimiento de un riesgo grave para la vida o integridad física de las personas y un delito de dejación de funciones del servicio público del artículo 409, por la omisión del deber autoridad de supervisar y organizar la atención sanitaria.