El séptimo mandamiento

Evidentemente no hace falta ser jurista ni erudito en leyes, ni legislador ni nada retóricamente aceptable para poseer sentido común, sensibilidad y criterio racional, fundado en la objetividad y en la experiencias tanto propias como del resto de vidas de los que nos rodean.

 

Es por ello, que la sentencia condenatoria al que fue Juez estrella de la Audiencia Nacional, Sr. Baltasar Garzón, por prevaricar en el transcurso de la instrucción del caso de la trama Gurtell, se me antoja que no es solo la aplicación sistemática, independiente y cabal de la acción judicial con la que deberían trabajar los tribunales de cualquier tipo en un Estado de Derecho que no se tenga por República bananera.

Pasando por alto el papel que ha jugado el personaje mediático, locuaz y en excesivamente participe, en algunos momentos, en la vida pública, mucho más de lo que hubiera sido deseable por el cargo y oficio que desempañaba, aquí, oficialmente, se ha juzgado al Juez, no al personaje, y se ha castigado al Juez, y a la persona, pues en primera y última instancia son la misma cosa. Y eso, que, en este aspecto, en su defensa se puede decir que no ha sido el único Juez, que ha flirteado con la popularidad, bien por voluntad propia, bien por la fama y envergadura de los asuntos tratados, y que de hecho, se han sentido bien y muy a gusto, arropados por los focos de las cámaras y los titulares de algunos periódicos y telediarios. En definitiva, Garzón, el personaje, era uno más de ese grupo de jueces.

Centrándonos en el asunto, el Sr. Baltasar Garzón ha sido apartado de la carrera judicial por ordenar escuchas en y durante las visitas de los abogados de algunos de los imputados en la trama Gurtell con sus clientes en la cárcel, para preparar su defensa. No podemos olvidar, que la relación entre defensor y defendido es un sancta sanctorum del Derecho en las mal llamadas Democracias Occidentales. Hasta ahí, y si solo fuera eso, la condena sería de lo más obvio y además sería justa y merecida.

La cosa se enreda porque resulta, según a mi entender, que la defensa del Sr. Baltasar Garzón a todo lo largo del juicio ha demostrado con pruebas tanto documentales como testimoniales que esas escuchas se producían bajo la autorización y mandato del actual ex-juez porque existían sospechas fundadas de que durante las visitas y encuentros entre defensores y defendidos los temas a tratar era la reorganización de todo el entramado de blanqueo de dinero comisionista de la trama Gurtell, preparando alteraciones de pruebas y documentos, así como actuaciones para minimizar la culpabilidad de los imputados en los juicios a desarrollar por pertenecer y colaborar en dicho entramado de corrupción y favoritismos. Ante esta circunstancia, una de las formas para poder verificar dichas sospechas era intervenir dichas conversaciones.

Se da el caso, encima, que el Sr. Garzón ordenó a los agentes encargados de realizar dichas intervenciones que fueran especialmente escrupulosos en la ejecución de sus obligaciones, centrándose única y exclusivamente en las conversaciones solo relacionadas con la investigación de las sospechas de que el entramado seguía operando desde la cárcel, teniendo asignado como máxima garantía la destrucción de las grabaciones y la transcripción para conocimiento del Juez y posterior encausamiento al proceso de instrucción judicial solo y exclusivamente lo relacionado con este asunto, remachando en diversas ocasiones lo importante que es la confidencialidad entre defensor y defendido.

Sumémosle a esto, que resulta una práctica no habitual pero tampoco excepcional el mandato judicial de grabar dichas conversaciones en otros casos. Alguno de ellos muy recientes y conocidos por todos; en el de la desaparición de Marta del Castillo también se ordenó por si los acusados ( y condenados a la sazón) confesaban a sus defensores donde se encontraba el cuerpo.

No he escuchado ninguna imputación, ni incoación de ningún tipo de expediente al Juez/a que ordenó dichas escuchas, es más, vuelve a parecer razonable dicha orden de intervención judicial de las conversaciones entre defensores y defendidos.

Me parece algo desorbitado escuchar a uno de los abogados cuyas conversaciones se grabaron durante la asistencia jurídica a su defendido en la trama Gurtell, manifestar que se sentía perseguido y en una situación de Estado Totalitario, sin garantías de ningún tipo para la protección de los derechos más elementales. Yo, cortésmente y sin menosprecio, le preguntaría, ¿esas garantías se dan en el mismo Estado de Derecho que su defendido intentaba erosionar (presuntamente) con una red que se basaba en el cohecho, la prevaricación, el apaño y robo sistemático del dinero público?. Sr. Abogado, entiendo su artimaña procesal, pero no nos haga comulgar con ruedas de molino, ni nos tome por tontos, porque no lo somos. Aunque lo parecemos.

Rematemos pensando que lo del Sr. Garzón suena a persecución política, a castigo por haber sido malo, por no haberse estado quieto, por intentar investigar los crímenes de algunas dictaduras (algunas de fuera y otra, nuestra por completo), por tratar de enjuiciar a algún trasnochado dictador, ya fallecido, y una larga lista por todos conocida. Enmarquen dentro de esta concepción las otras dos causas que el Sr. Garzón está siendo juzgado, una de las cuales ya ha sido declarada como prescrita.

Es, en definitiva, la condena por prevaricación (hacer algo mal a sabiendas de que se está haciendo mal) una condena que se ajusta a Derecho, pero que da vergüenza, que no se comprende y que lanza un aviso para navegantes, para que el resto de la carrera judicial sepa cuáles son los límites y por donde deben dedicarse a aplicar Derecho y Justicia y por donde no. Vuelve la España más negra, más cainita y desagradecida.

A mi todo esto me da miedo, pero no pierdan la esperanza, que la Eurocopa está a la vuelta de la esquina.