De las tasas judiciales y las idas de olla
Tengo una amiga que dice que los cabreos no la dejan pensar con claridad, y dadas las cada vez más extraordinarias y grotescas noticias políticas con las que día tras día nos machacan estos majaderos que tenemos por gobernantes, me da a mi que la pobre debe vivir en un estado de perpetua confusión semejante al que me invadió a mi cuando leí el texto de la Ley de Tasas judiciales.
Gloria Pérez de Colosia
Martes, 10 de mayo 2016, 08:49
El cúmulo de atrocidades que esta pandilla ha cometido en los últimos meses dictando leyes y decretos absolutamente limitadores de los derechos y libertades conseguidos ... a fuerza de años y años de lucha, se ve ahora coronado con la aprobación de una Ley de Tasas, que sin entrar en valoraciones puramente sustantivas y técnicas, ha dejado a millones de españoles apartados del derecho al acceso a la justicia que recoge nuestra todavía hoy en vigor Constitución. Apartados para siempre del derecho a acudir a un juzgado a reclamar y demandar, la brecha entre ricos y pobres se agranda. Una vez privatizada la sanidad y la enseñanza se mediatiza la justicia con el dinero de las tasas.
Empezamos a vivir en un Estado confiscatorio que ahora se atreve incluso a recortar el derecho a la tutela judicial efectiva. No encuentro justificación alguna a ello, y lo único que entiendo es que las tasas judiciales son abusivas e injustas, y que la razón ofrecida sobre paliar el exceso de litigiosidad es una grosera mentira a una sociedad donde ya muchos no tienen ni para comer a diario. En este país no hay un exceso de litigiosidad, lo que hay es una carencia de medios y de profesionales que tienen la justicia bloqueada.
El ejemplo de que recurrir una multa de 100 euros llevará aparejada la desproporcional tasa de 200 euros ya se lo sabe todo el mundo, pero, ¿cómo van a afectarle a usted, que vive en esta comarca, las tasas judiciales? En unos juzgados donde la mayoría de las sentencias hay que recurrirlas porque son incompletas, siguen criterios ya anticuados y sobre todo, no hay especializaciones, la implantación de las tasas supondrá que solo aquellos que las puedan pagar podrán tener derecho a una "segunda opinión judicial" a través de un recurso. Los demás tendrán que conformarse con la resolución del juzgado de primera instancia, porque el recurso de apelación ante la Audiencia de Almería costará una tasa mínima de 800 euros. Eso siempre y cuando hallan podido pagar antes los 150-200 euros mínimos que costará simplemente plantear una cuestión en el juzgado. ¿En cual de los dos grupos está usted? ¿Podrá pagarse luchar judicialmente por sus derechos?
Incluso aún admitiendo (que yo no) el espíritu descongestionante que ha movido a Gallardón a promocionar esta aberrante ley, solo la chapucera manera en que se ha hecho ya produce rechazo. Para que lo entiendan voy a contarles un chiste: "erase un Ministerio de Justicia que promueve una ley que entra en vigor un jueves por la mañana y desde ese momento no se pueden presentar demandas ni recursos sin el previo abono de las tasas que dicha Ley regula. Erase un Ministerio de Economía que ese jueves por la mañana, seguramente por ser la hora del desayuno, no tiene preparados los impresos para pagar las tasas, y erase un Sr. Gallardón que dice, que bueno, que durante unos días no se exigirá el pago. ¿A cuál de los tres anteriormente citados se le podría llamar mentecato?."
Entiendo que mi amiga esté confusa. A mi me parece que no es posible hacer las cosas tan mal, a no ser que se tenga la clara voluntad de hacerlo mal, lo que me lleva a pensar ya sin duda que lo se pretende es tener una sociedad, además de lobotomizada - objetivo casi conseguido-, sin recurso de defensa. Se justifica perfectamente el rebote social y el rechazo de todos los sectores y agentes que nos dedicamos a esto. La justicia, ya ciega y lenta, será ahora más desequilibrada por el peso del dinero.
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