DE LOS INDULTOS Y OTRAS INJUSTICIAS DE LA JUSTICIA

Cuando en la facultad de derecho aprendí, que parece que fue ayer pero han pasado ya unos cuantos años, que uno de los principios básicos sobre los que se asienta el estado de derecho es la separación de poderes, me pareció muy buena idea tener un sistema de chequeo entre unos y otros. Más tarde fui descubriendo yo solita que este principio no es del todo cierto, y que lo que unos hacen otros lo pueden deshacer. El indulto, regulado en una ley de 1870, es una de esas cosas. Originariamente era una medida de gracia que se le otorgaba al Gran Rey-Monarca, pero hoy en día depende del Consejo de Ministros, que puede perdonar o no perdonar a su discreción a cualquier persona una vez exista una sentencia firme condenatoria. De esta manera, lo que hace el poder judicial, lo deshace el poder del los ministros.

 

Si el indulto fuese exclusivamente una medida excepcional y se aplicara con justicia a aquellos que realmente lo merecen, podría funcionar como herramienta integrada en una democracia. En mi opinión, el problema surge cuando esta herramienta jurídica se utiliza de forma injusta, y dado que su arcaica regulación así lo permite, entiendo que puede llegar a atentar contra principios constitucionales, dejando sin eficacia alguna esa supuesta separación de poderes que define la democracia.

En los últimos diez años, los diferentes gobiernos de España han otorgado hasta 4.000 indultos, y el mismo Gallardón, en su primer año de poder, concedió 501. Se ha indultado a condenados por delitos contra la seguridad en el tráfico, a banqueros, a alcaldes, y a altos cargos condenados por corrupción. Posiblemente alguno de estos indultos eran más que merecidos, pero ¿qué ocurre cuando esta medida de gracia se vuelve de justa a arbitraria y se concede únicamente por motivos políticos, llámense cambio-pago de favores?.

Dos son los casos que recientemente más han llamado la atención, el de los cuatro mossos dEsquadra condenados por torturas que fueron indultados el pasado Noviembre por el Gobierno de Mariano Rajoy, pese a tener en contra los informes tanto de los jueces de la Audiencia de Barcelona como el de la fiscalía, y el del conductor kamikaze, condenado a 13 años de prisión por matar a 3 jóvenes en el año 2003 y que acaba de ser indultado. Podría entenderse que el susodicho está reintegrado, arrepentido y ha solicitado el perdón de los familiares de las víctimas. Esto no lo sé, pero lo que si es un hecho probado es que su defensa jurídica ha sido llevada por un despacho de abogados donde trabaja el hijo mayor de Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, y el hermano de Ignacio Astarloa, ex subsecretario del Ministerio de Justicia. Con estas circunstancias, podrán llamarme ustedes suspicaz, pero yo sospecho que el indulto no tiene nada que ver con la medida de gracia excepcional que se supone ser y que es únicamente una indigna decisión política que supone un atentado contra la independencia de la justicia que ya dictó su sentencia.

En el lado contrario tenemos a David Reboredo y otros tantos. David es un ex toxicómano gallego, completamente rehabilitado, que el pasado Diciembre ingresó en prisión para cumplir una condena de siete años por haber vendido en el año 2006 una papelina de 0.4 gramos de heroína. Pese a la petición de indulto, incomprensiblemente y sin justificación alguna, el Consejo de Ministros la ha rechazado.

Mi conclusión es que el indulto puede ser una medida razonable pero causa escándalo el diferente criterio con el que se concede. Cuando se otorga por razones meramente políticas, anteponiendo el interés de Estado a las garantías individuales de los ciudadanos, es ilegítimo y éticamente inasumible, y supone un uso desvergonzado y sucio de la institución lo que hace que sea necesario y urgente una modificación de la Ley que lo regula, puesto que con su regulación actual es altamente censurable el uso que del indulto hace el Gobierno, rompiendo esa separación de poderes que se supone la base de nuestra democracia y haciendo que también en este escenario, todo valga.