Se apagan las luces para los propietarios británicos AUAN, 11 marzo 2013

En el último giro inesperado a la saga de viviendas ilegales, la Junta de Andalucía ha ordenado la desconexión de la luz y del agua a 19 viviendas ocupadas por pensionistas británicos, a pesar de que la misma autoridad ya ha acordado que las propiedades se pueden hacer legales.

Jennifer Simón Carrión

Martes, 10 de mayo 2016, 10:25

Cada pareja gastó entre 160,000 y 265,000 euros de sus ahorros en comprarse un hogar en la localidad de El Fas, en el término municipal de Cantoria, provincia de Almería, sólo para descubrir que el promotor holandés había construido las casas sin licencias de obras y a la vista de la casa consistorial. El promotor, Southern Spain Consultants C.B., fue declarado culpable de crímenes de planificación en 2011, en una sentencia que reconoció que los dueños que asistieron a la fiscalía habían actuado de buena fe. Sin embargo, la sentencia no dictó que los compradores deben ser compensados y el promotor recibió una pena minima y una multa.

En 2012, la Junta acordó que estas propiedades podrían ser legalizadas bajo los términos del nuevo Decreto que, según prometió, podría regularizar unos 300,000 edificios irregulares en la región.

A pesar de este acuerdo, la Junta continua con un procedimiento administrativo en contra de los bienes y ha ordenado la desconexión de los servicios que, al parecer, no puede volver a conectarse hasta que la propiedades sean plenamente legales, un proceso que puede tardar muchos años.

Frente a la perspectiva de pagar más facturas legales y de la vida con un generador de electricidad, muchos dueños han decidido dejar a la lucha y abandonar sus hogares a su suerte.

Para empeorar las cosas, la única propiedad de la finca de 19 casas que sigue disfrutando de los servicios es la vivienda del promotor.

Maura Hillen, Presidenta de AUAN, una organización que lucha por los propietarios afectados por el problema de las viviendas ilegales en España, dijo: "Esta gente ha invertido más de 3 millones de euros en España y en cambio están tratados ignominiosamente por un sistema que simplemente no funciona para protegerla. Desafortunadamente este no es un caso aislado. Muchos miles de propietarios de viviendas ilegales viven con el temor de desconexión, y las últimas "soluciones" propuestas por la Junta simplemente han servido a empeorar las cosas".