El escándalo en el Consorcio Almanzora-Levante-Los Vélez

No podemos seguir permitiendo, a día de hoy, que las fórmulas de gestión elegidas, sin la participación de los ciudadanos, ya sea la de gestión directa, de colaboración público-privada o la creación de sociedades mixtas para prestar los servicios públicos, sean convertidas en herramientas para beneficio de los partidos y de las grandes empresas y que, aprovechando la falta de controles eficientes, se dediquen a repartirse los cargos y sueldos con los que financiarse y ampliar sus redes clientelares. Los representantes de los partido que hasta ahora se han ido alternando en la gestión de los bienes y servicios públicos, se empeñan en permanecer ajenos a las demandas de control, participación y transparencia que los ciudadanos demandamos y se han enrocado en la vieja política de considerar que tras la elecciones municipales los representantes tienen un cheque en blanco que los legitima.

Ante lo expuesto, DENUNCIAMOS: 1. Para nuestros representantes, que gestionan nuestras entidades locales y provinciales, es una práctica habitual no cumplir con la obligaciones legales de transparencia y rendición de cuentas y de manera consciente aprovechan la incapacidad de los supervisores para detectar e informar a tiempo, tanto de las irregularidades como de las ineficiencias observadas. La Ley 19/2013 de, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que las administraciones locales y autonómicas dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a la misma (diciembre de 2015). Pues bien, vemos, a través de los diferentes observatorios ciudadanos, que no se están cumpliendo y que, de manera generalizada, la información y las herramientas que facilitan lo hacen de manera superficial o remitiendo a destiempo la información requerida por el tribunal de cuentas. 2. En Andalucía el PSOE tras casi 40 años de mono-partidismo, al frente de la Junta, ha logrado su implantación militante y social en todo el territorio repartiéndose y alternándose, cuando no le queda otro remedio con el PP, la administración y la gestión de la red de servicios públicos y la mayoría de los cargos políticos de gestión, sobre-dimensionando éstos en detrimento de los funcionarios públicos para condicionar la gestión a los intereses de sus partido. 3. Las entidades locales, a las cuales suele acudir la ciudadanía cuando tiene problemas, han visto laminada su autonomía en el marco de la imposición de las políticas de austeridad. La ley Montoro ha limitado la capacidad de decisión de los municipios y hace más difícil ponerlos al servicio de la ciudadanía, mientras que facilita y estimula la privatización como panacea de una supuesta eficiencia que nunca ha sido demostrada sino que, más bien al contrario, la privatización está suponiendo un sobrecoste de los servicios que se privatizan como demuestra la publicación que hace, como siempre a destiempo, cuando ya han sido privatizados (http://www.publico.es/actualidad/limpieza-viaria-privatizada-sale-71.html ) o externalizados la mayor parte de los servicios públicos.

Frente a esto, Podemos lleva tiempo trabajando en todos los territorios junto al nuevo municipalismo que, además de utilizar las herramientas de participación que la sociedad civil va creando, están buscando fórmulas nuevas para impugnar los efectos nocivos que para los intereses vecinales suponen las normas que priorizan la austeridad y dando la batalla para que la transparencia y la participación, como pilares de la democracia, sean reales, no sólo desde el ámbito limitado de los ayuntamientos e instituciones en los que estamos presentes (municipios del cambio y gobierno en CCAA), sino paralelamente apoyando los proyectos que promuevan la autogestión de los bienes comunes, a la vez que participando en alianzas en todos los territorios, tanto a nivel estatal como europeo. A este respecto hemos organizado, junto a diversos colectivos, campañas para advertir y denunciar la opacidad y los peligros que suponen la firma de contratos con grandes corporaciones y, a través de sus lobbys, de los tratados comerciales como el CETA y TTIP para la soberanía de los pueblos y para la democracia, también para la provisión de los servicios públicos.