Estado de necesidad

Las estadísticas hablan por sí mismas y desmienten esta afirmación: Según Eurostat, España es el segundo país con la tasa de desempleo más alta de la UE (21,4%), solo superada por Grecia (24%). Es el segundo país, igualmente, en tasa de pobreza infantil por detrás de Rumanía, con 2,8 millones de niños en riesgo de exclusión social y pobreza severa (aproximadamente un tercio de la población). Desde que comenzó la crisis, más de medio millón de españoles han abandonado su país para intentar encontrar un empleo en el extranjero. Desde ese mismo momento, concretamente desde julio de 2008, la PAH cifra en 107.000 los desahucios que se han producido en España.

En estas últimas semanas se ha hablado de la imposibilidad de llegar a un pacto para formar gobierno por parte de las diferentes fuerzas políticas, desde las últimas elecciones generales. El pasado 13 de enero inició la XI Legislatura, en la que se nombró al socialista Patxi López como Presidente del Congreso. Una situación similar se dio en Grecia en 2012, donde se tuvieron que convocar nuevas elecciones en junio de 2012 después de que las precedentes en mayo de ese mismo año no dieran mayoría suficiente a ningún partido para poder formar un gobierno. Fruto de estos nuevos comicios surgió, curiosamente, un gobierno de coalición de los dos principales partidos PASOK y Nea Demokratia, encabezado por Antonis Samaras.

Independientemente de lo que ocurra en los próximos días, el nuevo ejecutivo español se enfrenta a un contexto socio-económico de extremo dramatismo y gravedad. Más que de la situación de desgobierno, lo que verdaderamente tendría que ser prioritario para los políticos es el estado de necesidad que vive el pueblo español. Aparte de los nefastos datos que se han enumerado al inicio de este artículo, los españoles han visto en estos últimos años a un ejecutivo que les ha gobernado por decreto, que no sólo les ha dado la espalda, sino que además les han privado de sus derechos más fundamentales, después de años de lucha para obtenerlos.

Anochece en la ciudad, una asociación sin ánimo de lucro reparte víveres cerca de la estación de tren. Una gigantesca cola de personas da la vuelta al enorme edificio que, imponente, se perfila ante nosotros. Me encuentro con una mujer que lleva a su pequeña hija de la mano, a su lado, el abuelo de la niña, que impotente, me cuenta: "Mi hija lleva tres años en paro. Si sobrevivimos es por las pocas chapucillas que hago, la ayuda de la familia y los vecinos. Tenemos miedo de que nos corten la luz, pues el último recibo no lo pude pagar". El hombre se lleva a la pequeña y la entretiene, y me habla la madre, que se gira para que ésta no la vea y entre lágrimas me dice: "No sé qué contarle a la niña, cuando venimos a por comida aquí, le digo que son amigos nuestros, fíjese que tontería, pero... pero tengo miedo de que lo diga en el colegio". Baja la mirada. "Ahora para Navidad la traeremos aquí (a la ONG), les darán algunos regalos, pues ninguno de nosotros puede permitirse el comprarle nada. Nos podrán quitar todo, a mí me han quitado la ilusión, pero la de mi hija que no se la lleven también". Debería de ser delito de lesa humanidad el que a una persona le quiten la ilusión, algo impensable en cualquier estado de derecho, algo que sucede, sin embargo, en el estado que niega su estado de necesidad.