Ordenanzas de seguridad y convivencia ciudadana. El caso de Vera

 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no tardó en elaborar una ordenanza tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana que ha servido de modelo a numerosos municipios de nuestro país, entre ellos la localidad de Vera.

Es evidente, no debemos hacer daño a los animales, subirnos a los árboles, o hacer nuestras necesidades fisiológicas en la vía pública. Pero no es evidente que tomarse una cerveza en la calle deba de ser sancionado, o que se deba prohibir tender ropa en ventanas o balcones, o que no se puedan exponer carteles no ya en la calle sino en tu propio balcón.

Uno cuando camina por las calles de Vera no se ve acorralado por la mendicidad, ni los veratenses te observan encaramados a los árboles. Estos comportamientos minoritarios no se pueden utilizar para limitar el derecho de libre circulación o el derecho de reunión y manifestación.

La ordenanza no respeta el principio de proporcionalidad. Al parecer es lo mismo "mear" en la calle, que no separar adecuadamente las basuras al depositarlas en los contenedores, o es lo mismo verter residuos contaminantes que regar las macetas fuera del horario establecido por el Ayuntamiento.

Pero de todos sus aspectos el más llamativo es la criminalización de la mendicidad y de determinados colectivos como los inmigrantes, los sin techo, personas que ejercen la prostitución...

"Se prohíben aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan intencionadamente el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas por los espacios públicos". Se identifica en definitiva la pobreza o la necesidad con el acoso, o con la limitación de la libertad de los ciudadanos.

Las ordenanzas cívicas contienen la clara voluntad de limitar la contestación y participación social y por lo tanto establecen un notable número de normas que limitan los derechos fundamentales y las libertades de todos.

Con la escusa de la limpieza se restringe la colocación de carteles, por el supuesto impacto visual se restringe el uso de pancartas, con la escusa de la libre circulación de los ciudadanos se restringe el uso de mesas informativas...en definitiva el ayuntamiento "prohíbe, normatiza y tutela" cualquier acto público.

La ordenanza cívica crea una clara inseguridad jurídica, al penalizar conductas como la mendicidad o la prostitución que si bien pueden ser molestas no están prohibidas, no constituyen un delito.

Por lo demás la redacción políticamente correcta de la ordenanza no logra ocultar su claro afán recaudador: ¡Hagamos caja! ? El uso "inapropiado" de bicicletas, monopatines o patines 750 a 1500 euros. ? Situar una mesa de recogida de firmas sin autorización 120 a 1500 euros. ? Limpiar parabrisas en los semáforos 750 a 1500 euros.

Eso si, la ordenanza establece que todos esos ingresos se destinaran a la mejora del espacio urbano como lugar de encuentro y convivencia, pero no aclara quién "controlará que se cumpla" esta disposición y uso del dinero.

A no ser claro está, que estos ingresos vayan destinados a crear los ingentes recursos económicos y de personal que contempla la ley para su desarrollo: campañas divulgativas, publicitarias, espacios en televisión, prensa y radio... plan de "abordaje" integral del trabajo sexual (lo recogemos como aparece redactado en la ordenanza), departamento de recepción de quejas ciudadanas con diversidad lingüística (es decir, multilingües). Sesiones de atención individualizada con los servicios sociales y cursos de orientación laboral.

En definitiva las ordenanzas cívicas solo responden al deseo de fiscalizar y controlar la vida social e impedir la construcción de una verdadera convivencia basada en la participación de todos los ciudadanos.