ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE VERA ¿NECESIDAD MUNICIPAL O PRETEXTO PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL?

La ordenanza pretende que se desarrollen en libertad las actividades ciudadanas y para ello prohíbe acciones como: verter desde los edificios a la vía pública agua procedente del riego de plantas de balcones y terrazas, el tendido o exposición de ropas situadas hacia la vía pública o cuando sean visibles desde esta, esparcir y tirar toda clase de octavillas y otros soportes publicitarios en la vía pública, colocar publicidad sobre la parte exterior de los cristales de los vehículos, colocar carteles, pancartas y elementos publicitarios similares sin autorización municipal, subirse a los árboles. Las mesas de reparto de propaganda o recogida de firmas deberán contar con una solicitud previa de autorización municipal...

¿Qué hechos objetivos se han tenido en cuenta para dilucidar que la ciudadanía necesita esta ordenanza?, ¿es una demanda que responde a una necesidad ciudadana real?, ¿de qué forma habrán recopilado los promotores de la ordenanza esa supuesta inquietud ciudadana?, ¿existen en la localidad otras problemáticas prioritarias o la vigilancia de estos comportamientos es lo que colma las preocupaciones de los vecinos?...la ordenanza no aporta respuestas a estas cuestiones.

Es más que probable que los efectos de las prohibiciones reseñadas anteriormente produzcan el resultado contrario a los objetivos que parecen perseguir. En el caso de las medidas encaminadas a castigar la mendicidad, la padecerán sobre todo personas de nacionalidad extranjera y/o personas que sufren los efectos de una desigualdad atroz y se encuentran en riesgo de exclusión social y de este modo se agravará su ya inicialmente precaria situación. Dificultar el derecho de reunión en espacios abiertos, parece claro que persigue intentar paliar de alguna forma la ebullición social que se ha producido en los últimos tiempos, a raíz del 15 M, y que ha cristalizado en agrupaciones políticas y sociales que adoptan esta forma de reunirse. No apreciamos en estas prohibiciones ningún tipo de respeto, ni de civismo hacía la ciudadanía, es más, pensamos que nos transporta a tiempos ya pasados.

Estamos de acuerdo, como dice el documento, en la necesidad de proteger el respeto a la dignidad y los derechos de los ciudadanos y pensamos que el Ayuntamiento aunque no disponga de plenas competencias, si puede articular herramientas para trabajar en la mejora de estos aspectos . El derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho al respeto y a la protección del medio natural. Recuperar la dignidad de quién no para de trabajar y se encuentra sumido en la pobreza más desesperante o de quien no consigue trabajar, dignidad para los padres de familia que no pueden sustentar a sus hijos, dignidad para colectivos desfavorecidos...problemas reales, sufrimientos reales, no comparables al malestar producido por ver a un vecino orinar en la vía publica o repartir publicidad, que son algunas de las cuestiones que regula la ordenanza.

Existe también una gran subjetividad y falta de concreción a la hora de discernir si un comportamiento ciudadano puede ser considerado cívico, y por lo tanto sancionable o no. Un problema que es una constante en municipios que tienen aprobada una ordenanza similar y que suelen aparejar una indefensión ciudadana mayúscula derivada de la interpretación que hacen las personas encargadas de velar por el cumplimiento.

Y claro, el régimen sancionador. Sin perjuicio de que los hechos sean constitutivos de infracción penal, las acciones potenciales de ser consideras "delito", se clasificarán en diferentes grados de gravedad y podrán ser sancionadas con multas cuya cuantía puede llegar hasta 3.000 ?...con este dato es más fácil entender otra de las necesidades reales de dicha ordenanza, aunque esta no aparezca en el apartado donde se enumeran las finalidades de la misma.

Para afrontar la aprobación de un documento de las características de esta ordenanza, parece lógico pensar que se necesita un proceso de información y debate previo con la ciudadanía de gran amplitud, con más motivo, si como es el caso, la ordenanza efectivamente trata optimizar la convivencia ciudadana y tiene como objeto potenciar esta y aumentar la libertad en los procesos y actividades que se desarrollan en el municipio. Pues bien, la mesa de trabajo a la que el Ayuntamiento invito a asociaciones y vecinos para realizar alegaciones al documento, no se celebró de forma abierta ni con la difusión requerida por la importancia de las consecuencias que a raíz de la aprobación de la ordenanza se puedan producir. Otra muestra más de que la opacidad sigue siendo una constante en los procesos municipales, sobre todo en los que su necesidad más que obvia es alarmante.

Desde Podemos Vera hemos presentado unas alegaciones pidiendo que se paralice la aprobación definitiva de la ordenanza de convivencia ciudadana de nuestra localidad. Entre otros motivos pensamos que no existe demanda ciudadana alguna para la aprobación de dicha ordenanza, que el gran objetivo que está persigue no es mejorar la convivencia en la localidad y potenciar el respeto ciudadano como se describe en el artículo 1 de la misma, sino reducir los derechos y libertades básicas de la población aumentando el control social. Además dicha ordenanza no analiza convenientemente las responsabilidades que debe contraer el consistorio con respecto a su contribución al bienestar ciudadano y posee un marcado carácter recaudador. Del mismo modo creemos que la falta de transparencia e información y la subjetividad en su aplicación e indefensión para la ciudadanía que supondrá su puesta en marcha, son motivos suficientes para que el equipo municipal se replanteé su aprobación.