Una sentencia anula el pleno de organización y amenaza la estabilidad del tripartito de Garrucha

La sentencia dictada este miércoles no es firme, es recurrible. Pero en su texto expone que la convocatoria del pleno se realizó el viernes 30 de junio de 2023 para celebrarse al lunes siguiente, 3 de julio. «Medió únicamente el fin de semana», indica la juez, sin que hubiera al menos dos días hábiles de por medio, como dictamina la normativa. Incluso cogió a uno de los concejales de viaje, fuera de la localidad.

La juez subraya que el carácter «extraordinario y urgente» de la sesión «no fue explicado en el Pleno correspondiente» ni tampoco «justificado», ya que no se ha acreditado que hubiera un plazo perentorio que se viera incumplido de no celebrarse la convocatoria. Más aún, la normativa impone un plazo ya determinado de un mes para la celebración. Pero para más inri, la notificación para la celebración del pleno no se hizo correctamente, puesto que no se hizo de manera directa a los concejales demandantes en su domicilio sino que se realizó, con respecto a dos de ellos, a la portavoz del grupo municipal del PSOE, la exalcaldesa María Cervantes.

Tampoco se acreditó haber entregado el orden del día de la sesión en la que se debatía la retribución por dedicación exclusiva y parcial de los ediles, la periodicidad de las sesiones de pleno, la creación y composición de la sesiones informativas, el nombramiento de representantes en instituciones y entidades, la delegación competencias del Pleno a Alcaldía y la designación y nombramiento de personal eventual.

«Aunque los demandantes acudieran al Pleno, supone una vulneración del derecho fundamental de participación política pues no pudieron tener acceso a la documentación relativa al orden del día a tratar a fin de formarse una voluntad en debida forma para poder manifestar su postura con todas las garantías, postura que debe recordarse supone manifestar la voluntad de sus votantes», expone la juez, que comparte así «plenamente» el informe del Ministerio Fiscal. La Fiscalía, que apreció una serie de «irregularidades» que, en definitiva, privaban «a la totalidad de los vecinos del municipio a participar en los asuntos públicos municipales».

Es el segundo pleno que la justicia tumba. El martes, el mismo órgano judicial anuló la sesión celebrada el 5 de diciembre de 2023 convocada de manera «extraordinaria y urgente» para aceptar el proyecto 'IndaloEfficiency-Control de Alcantarillado y mejora de Eficiencia Hídrica de Almería' al detectar también en este caso defectos en la convocatoria y la notificación.

La magistrada concluye a la vista del caso que carácter extraordinario y urgente de la sesión «no concurría en este caso» al no haber un «plazo perentorio que se viera incumplido de no celebrarse la convocatoria respetando el plazo legal de dos días hábiles», máxime cuando el plazo para presentar la documentación necesaria para acceder a la subvención del proyecto «vencía el 22 de diciembre».

Además, según añade, tampoco se respetó «la notificación a los concejales demandantes en su domicilio», ya que solo consta un correo electrónico «remitido a uno solo de los tres demandantes». La juez no ve justificación para la ausencia de notificación personal en su domicilio a los ediles «tratándose además de un municipio pequeño y donde todos saben la residencia de los concejales». «La notificación por correo electrónico a una sola de las demandantes , sin que conste su recepción ni lectura, podría haber alterado la composición del órgano colegiado impidiendo la libre asistencia al mismo, acudiendo los demandantes al tener conocimiento de la convocatoria por vía oral, por lo que tampoco tuvieron en su poder -con la antelación necesaria- la documentación correspondiente a los asuntos a tratar en el orden del día», recalca.

Relevancia de la sentencia

La sentencia de anulación del pleno de Organización lleva a retrotraer todos los actos administrativos que se dimanan de dicha sesión al punto inmediatamente anterior. Esto, indicaban a IDEALfuentes judiciales, conllevaría que los salarios de los regidores habrían sido irregulares hasta el momento. Además, habría que constituir los grupos municipales, algo que tendría severas implicaciones para dos de los concejales de gobierno, Álvaro Ramos y Luis José Fernández, expulsados de IU-LVCA, formación por la que concurrieron en las municipales y que, ahora, una vez la expulsión es firme, tendrían que formar parte del grupo de no adscritos.

«El hecho de ser concejal no adscrito implica que no se puede tener delegaciones del alcalde, o sea, que no puedes tener cargos de gobierno ni cobrar sueldos», aseguraban ayer fuentes cercanas al PSOE. Esto es: el Gobierno perdería dos ediles y estaría en riesgo de quedar en minoría. Por ahora, el Gobierno municipal de Garrucha está conformado por los seis ediles del PP y dos concejales tránsfugas expulsados de IU con el apoyo externo del único regidor de Vox. Las tres formaciones conforman un bloque que suman la estrecha mayoría absoluta que sostiene a Pedro Zamora.

Ayer, Ramos acusó en redes sociales al PSOE de « intentar conseguir en los juzgados» lo que no consiguieron «en las urnas» y les indicó que los socialistas son «el pegamento que une el gobierno de Garrucha». «No vais a gobernar (lo entendéis o hago un dibujo). Firmado:el transfuga que os ha puesto en vuestro sitio», les espetó. Ramos había interpuesto varias denuncias al anterior equipo de Gobierno durante su labor como oposición. La última de estas querellas, por pagos en gasolineras con tarjeta de combustible, en la que estaba imputada la exregidora socialista, María López, fue sobreseída y archivada en febrero.