Tres testigos cercanos a la madre del niño Lucas de Garrucha, ante el juez

En concreto, desde el juzgado se ha convocado a varias personas del entorno próximo de la investigada a asistir el próximo 19 de febrero a partir de las 10,30 horas para tomarles declaración, conforme a la diligencia de ordenación consultada por Europa Press.

El documento también libra un oficio a la Policía Judicial de Garrucha para que realice averiguaciones de cara a localizar a otras dos personas para que acudan ese mismo día, media más tarde, ante la autoridad judicial.

El titular de la Plaza 3 de Vera mantiene abierta la investigación mientras que se resuelve la cuestión de competencia planteada ante la Audiencia Provincial de Almería ante un caso que cumple dos meses de investigación y que se inició a través del juzgado número 4, en funciones de guardia.

No obstante, según han detallado a Europa Press fuentes jurídicas, fue más tarde cuando se produjo un intento de inhibición para derivar el caso al juzgado número 1 de Vera, competente para la instrucción de casos de violencia sobre la mujer.

Violencia vicaria

En este sentido, la investigación apuntaría supuestos indicios de «violencia vicaria» bajo el supuesto de que el detenido J.D.R.C., pareja de la madre del menor, habría acabado con la vida del pequeño para hacer daño a la mujer, con respecto a la que tenía una orden de alejamiento en el momento de los hechos pero con la que convivía.

No obstante, el juez con competencias en violencia optó por la devolución de la causa al no apreciar indicios de violencia de género ni instrumentalización de la madre del menor como víctima al entender, en este punto de la investigación, que la misma habría participado de las decisiones que condujeron a la muerte del menor y a la ocultación del cuerpo.

Esta postura choca también con la de la Fiscalía, que al igual el órgano instructor inicial, sitúa las competencias de llevar la investigación judicial del caso en la Plaza 1 de Vera.

Cabe recordar que la defensa del investigado, ejercida por el letrado Manuel Martínez Amate, apunta una negligencia como causa del fallecimiento del pequeño de cuatro años después de que fuera medicado y fuertemente manoseado en el abdomen en el marco de una práctica de curanderismo. Así, el letrado sostiene que su cliente actuó sin que exista un «dolo homicida» toda vez que, tras la muerte del menor, habría estado separado casi dos horas de la madre después de acudir con ella y el cuerpo del menor a la playa.

En este sentido, asevera que no habría estado con ella cuando el cadáver fue dejado en un búnker, ya que a las 19,15 horas se encontraban en una agencia de viajes donde compraba un billete para viajar a Madrid al día siguiente bajo el pretexto de una oferta laboral. En cualquier caso, aseguran que acudió «voluntariamente» a la Guardia Civil sobre las 22,30 horas del mismo día de la muerte del niño.

La defensa también se apoya en los 22 audios de WhatsApp remitidos entre los involucrados para apuntalar la teoría de un homicidio imprudente «por ignorancia médica o cultural», ya que entre ellos se abordarían las supuestas técnicas de curanderismo que se le habrían aplicado al pequeño unido a la ingesta de fármacos para tratar una presunta dolencia de barriga.