Greenpeace entrega al alcalde de Carboneras una tarta del Algarrobico: «Está tan buena que debería ser ilegal»

«No queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar este aniversario dulce y amargo. Dulce, porque celebramos que hace 20 años se paralizó esta monstruosidad, símbolo de la destrucción costera y el urbanismo depredador; amargo, porque llevamos 20 años intentando derribarlo y aún sigue en pie», ha declarado Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía.

La entrega de este dulce con la forma del hotel construido por Azata en la playa carbonera ha quedado reflejada en un vídeo compartido por Greenpeace a través de sus redes sociales. En él, una componente de la entidad ecologista recorre el municipio de Carboneras en busca del regidor, con el que lograr reunirse -pastel en mano- en el Ayuntamiento. Finalmente, Hernández lo rechaza y la protagonista del vídeo opta por probarlo ella misma. «Está tan dulce que debería ser ilegal», ironiza al concluir la secuencia y tras dar un primer mordisco.

Aunque este no era el único 'regalo' para Sálvador Hernández desde Greenpeace. Además de la tarta, la organización ecologista le ha trasladado también al alcalde una copia de un escrito remitido este mismo miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que se solicita que «interponga una multa personal al alcalde por su contumaz actitud a la hora de cumplir con las sentencias».

Greenpeace ha incidido en que, en dicho escrito, da «un paso que hasta ahora no había realizado: solicita al Alto Tribunal andaluz que denuncie al alcalde de Carboneras por la comisión de un presunto delito de desobediencia». Y es que, la organización solicita «que se abra la vía penal por considerarse en completo desamparo ante las constantes maniobras dilatorias que el Consistorio ha realizado a lo largo de estos años».

Greenpeace considera que el Ayuntamiento utiliza «una serie de estudiadas argucias» que demoran los procesos administrativos que obligan al Consistorio a cumplir las sentencias del Alto Tribunal andaluz. Al respecto, recalca que el hotel acumula 14 sentencias del Tribunal Supremo, otras tantas del TSJA, y que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga explícitamente al Ayuntamiento a revisar la licencia de obras del hotel es de hace cuatro años.

«Hay mucha gente que nos pregunta cómo es posible que un ayuntamiento o una persona pueda saltarse el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo durante cuatro años. El Ayuntamiento de Carboneras lleva ya demasiados años mareando la perdiz para una serie de actos administrativos que podrían realizarse en menos de 15 días. No caben más excusas. Tienen que cumplir y no lo hacen. Por este motivo nos vemos obligados a trasladar este escrito al TSJA, porque ya en otras ocasiones el Tribunal ha apercibido con multas al alcalde y las han eludido haciendo como quien mueve papeles. Veinte años son más que suficientes. Es hora de que el hotel se derribe y se renaturalice esta playa», ha reclamado Luis Berraquero.

La intrincada historia de la demolición del Algarrobico tiene una vía alternativa que no depende de la voluntad del alcalde de Carboneras, ha apuntado Greenpeace, añadiendo que, tras el anuncio de la intención de expropiación por parte del Estado del 40% del hotel que se encuentra dentro de la franja de los 100 metros de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley de Costas, se abre una nueva vía. De confirmarse que esta opción es posible, la Junta de Andalucía tendría en su mano aplicar la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que le permite ejercer la facultad de expropiación en edificios manifiestamente ilegales, o bien culminar el derecho de retracto, puesto que el hotel ilegal se encuentra ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, ha remarcado.

Después de que el Ejecutivo andaluz haya incluido en varios presupuestos una partida específica para el derribo del hotel, si se ejecutase la expropiación por parte del Estado, podrían hacerse efectivas las intenciones anunciadas a bombo y platillo en varias ocasiones por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

«Es el momento de que la Junta ratifique su decisión de derribar de una vez por todas esta ruina ilegal. Necesitamos que se den los pasos necesarios, con valentía, que acaben con este icono de la destrucción costera para que se pueda recuperar la salud de estos terrenos protegidos del Parque Natural, que nunca deberían haber sido urbanizados», ha concluido Berraquero.